La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) recuerda al Tribunal Supremo que las inadmisiones masivas de procedimientos del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), en vez de la suspensión cautelar por el principio de prudencia
antes de conocer la respuesta a la nueva cuestión prejudicial elevada por el juez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), «supone un daño irreparable para los consumidores afectados, ya que éstas son irreversibles (“cosa juzgada”)».

Pese a que el Supremo asegura que siempre ha “suspendido la tramitación de los recursos pendientes para garantizar la aplicación del criterio que saliera del TUE”, Asufin constata que hasta medio centenar de recursos de casación sobre IRPH han quedado inadmitidos a trámite aun cuando está pendiente de conocerse las nuevas aclaraciones al TUE solicitadas por el Juzgado de primera instancia 38 de
Barcelona. Por el contrario, el Supremo está admitiendo a trámite los recursos que los
bancos han perdido, como el caso de Bankia frente a Asufin, ganado a favor de uno de sus asociados, en primera instancia y en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Audiencia Provincial de Barcelona anunció el 7 de diciembre de 2020  que no suspenderá los procedimientos de IRPH pendientes, ya que “sólo si este tribunal tuviera las mismas dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea” estaría justificada la suspensión del recurso.

«Con esta decisión, se condena a los consumidores a una sentencia desfavorable
a pesar de que sus asuntos deberían juzgarse disponiendo de toda la información que dará el TUE una vez resuelva las nuevas dudas planteadas», subrayan en Asufin.

“Toda esta situación nos recuerda a lo sucedido por la cláusula suelo, cuando miles de
afectados perdieron la oportunidad de recuperar su dinero porque el Supremo declaró que la nulidad no implicaba retroactividad”, declara Patricia Suárez, presidenta de Asufin. “La justicia europea corrigió entonces el criterio seguido por los tribunales españoles, pero muchos consumidores se quedaron por el camino porque su sentencia quedó firme. El Supremo se vio obligado a modificar su doctrina, pero para muchos el daño ya era irreparable”, añade.

Por este tipo de decisiones, que generan inseguridad jurídica a los consumidores, Asufin ha pedido amparo a la Comisión Europea, para que realice las investigaciones oportunas y que determine si el Tribunal Supremo está alineado con la doctrina que establece el TUE y aplica correctamente el Derecho Comunitario en materia de consumo.

La denuncia presentada por Asufin el miércoles 13 de enero cuenta con el
apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16
organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania, y pide “condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores”, siguiendo así las exigencias de las Directivas europeas.