Hay resoluciones judiciales que no dejan de sorprender y que a veces la justificación de sus decisiones se asemejan más a un mitin político que al razonamiento de sus actuaciones.

Como es sabido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya razona en la denegación “provisional” del aplazamiento de las elecciones a la existencia, en su opinión, “de un interés público muy intenso” para que se celebren los comicios por que si no se celebraran se abriría un “periodo prolongado de provisionalidad que afecta al funcionamiento normal de las instituciones democráticas” y aún añaden que celebrar las elecciones catalanas el 14 de febrero es aún más necesario a causa de la pandemia. De todas maneras aceptan que si la situación sanitaria se complica podrían replantearse su decisión. En este caso se compromete a hacerlo en medio de la campaña electoral, o sea antes del día 8 de febrero.

El razonamiento del alto tribunal catalán es, como mínimo, discutible. Es evidente que hay una enorme preocupación de la mayoría de los ciudadanos tanto catalanes como españoles por los devastadores efectos de la pandemia que nos ha alterado la vida a todos. Lo que no es tan evidente es que la mayoría de catalanes esté dispuesto a arriesgar su salud en una movilización de cinco millones de personas para acabar con una situación de interinidad que provocaron, entre otros episodios, los mismos jueces con la inhabilitación del president Torra por el enorme delito social de no retirar a tiempo una pancarta. (La desobediencia a las órdenes judiciales es una nueva muestra que el poder judicial está en España por encima del poder político). Además no está nada claro que el resultado de estos comicios -siempre que haya una participación democráticamente aceptable – les guste a determinados poderes fácticos.

Muchos tampoco entienden que lo que fue posible en el País Vasco y Galicia sin que se plantearan graves problemas no lo sea en Catalunya y aún se entiende menos que aplacen su decisión definitiva hasta la mediada la campaña electoral. Los hay malpensados que auguran que esta decisión dependerá no tanto de la situación epidemiológica sino de lo que digan las encuestas sobre el tan cacareado efecto Illa.

Mucho se ha criticado de la judicialización de la vida política pero por lo que parece las altas instancias judiciales no sólo están encantados con esta situación si no que dan la impresión de encontrarse muy cómodos en su protagonismo en la política del país y que la separación de poderes afecte primordialmente al legislativo y al ejecutivo. Mientras muchos catalanes tienen la sensación de vivir con la aplicación permanente del artículo 155 de la Constitución.