Este incremento se produjo a pesar de la mejora de las condiciones de financiación a través de las operaciones de refinanciación a muy largo plazo (TLTRO III) a tipos de interés negativos, que han rebajado las necesidades de liquidez.

No obstante, al contrario de lo que ocurrió en 2019, las cédulas hipotecarias no han sido el vector que ha promovido este crecimiento durante el último ejercicio.

De hecho, su volumen emitido ascendió a 23.408 millones de euros, alrededor de un 20% menos que el volumen emitido durante el ejercicio anterior, cuando este mismo recurso experimentó un incremento cercano al 50%.

Las titulaciones hipotecarias, en máximos de 2016

En cualquier caso, se observa que mientras en la primera mitad del año este instrumento mostró un gran dinamismo, a medida que avanzaba la segunda mitad de 2020 las emisiones de cédulas se estabilizaron a favor de las titulizaciones hipotecarias que, después de varios años sin apenas registrar emisiones, presentaron un notable crecimiento.

Concretamente, las titulizaciones sobre activos garantizados con hipoteca han pasado de registrar un saldo emitido de unos 725 millones de euros en todo 2019 a suponer 19.186 millones de euros en 2020, cifra que no se alcanzaba desde el 2016.

En total, la evolución de los saldos en circulación por estos dos conceptos (cédulas hipotecarias más bonos de titulización hipotecarios) se saldó con un aumento interanual de un 3,1% a cierre de año, hasta situar su saldo en 321.070 millones de euros.

Pese a que la colocación de cédulas hipotecarias singulares registró un balance negativo durante 2020, el saldo vivo de estos títulos se elevó hasta los 199.449 millones de euros, un 1,9% más que respecto al saldo contabilizado a finales de 2019, si bien moderando su ritmo de avance desde mediados de año.

Mientras tanto, las cédulas multicedentes, instrumento empleado por las antiguas cajas de ahorro debido a su tamaño con frecuencia menor, continúan situándose a la baja (-11% en diciembre de 2020) con un saldo pendiente de amortización de 22.220 millones de euros.

En conjunto, la suma de ambos tipos de cédulas registró un saldo de 221.669 millones de euros, es decir, un leve aumento de un 0,5%. Estos instrumentos estarían financiando alrededor del 35% de la cartera hipotecaria, uno de los coeficientes más elevados de Europa.

Por su parte, la cartera viva de activos hipotecarios titulizados muestra una evolución favorable, con un saldo total de 99.401 millones de euros, lo que representa un crecimiento neto de alrededor de 9.300 millones de euros y un incremento, en términos relativos, de un 9,6% respecto al año anterior.

La AHE destaca que la reactivación que parece acompañar al mercado de titulizaciones en este último tramo del año podría entenderse dentro de la coyuntura actual en la que el BCE habría rebajado las exigencias para admitir como colateral este recurso.

Además, el organismo europeo está siendo menos exigente en comparación con las cédulas hipotecarias al no requerir la normativa española dotar la cartera elegible con préstamos que operen con financiación por debajo el 80%.

Suben las necesidades en las administraciones territoriales

Por otro lado, destaca el incremento observado en el volumen emitido y admitido a cotización de las cédulas territoriales, al hilo de las mayores necesidades de financiación de las administraciones de este rango.

En valores absolutos, el saldo emitido se incrementó unos 5.850 millones de euros durante todo 2020, hasta los 9.150 millones de euros acumulados, aunque en términos netos el balance no terminó de reflejar ese aumento como resultado de los vencimientos de deuda.

En esta línea, el saldo de las emisiones vivas cayó desde los 20.762 millones de euros observados a cierre de 2019, hasta los 18.262 millones de euros registrados en 2020, una caída del 12% interanual.

Nueva regulación de bonos garantizados

A finales de 2019 se publicó una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión y la supervisión pública de los bonos garantizados, que trata de armonizar los marcos legislativos de las distintas jurisdicciones europeas, para una mayor integración de los mercados de capitales.

En marzo de 2020, la Dirección General del Tesoro de España abrió un periodo de consulta pública en torno algunos de los aspectos claves de esta nueva legislación.

Las autoridades competentes se encuentran trabajando en el Anteproyecto de Ley, el cual se someterá a audiencia pública en el primer trimestre de este año, para la futura transposición en nuestro ordenamiento jurídico, prevista inicialmente para mediados de este nuevo año. La AHE cree que se retrasará más allá de la mitad de 2021.