“Cuando me vaya, probablemente más del 50 por ciento de los jueces federales del país habrán sido nombrados por Trump –dijo jactándose–. El único que tiene mejor  porcentaje es George Washington, porque él nombró al cien por cien”. El párrafo corresponde a una de las entrevistas a Donald Trump realizadas por Bob Woodward y que éste ha recogido en su magnífico libro Rabia. Trump habla en tercera persona de sí mismo y explica que en el momento de la entrevista acaba de “nombrar  a su 187º juez federal”.

No es en España únicamente donde se intenta acabar con la independencia de jueces y magistrados, es una tendencia universal en regímenes autocráticos o directamente dictatoriales. Pero estremece pensar que en Estados Unidos o en España, (Hungría y Polonia se nos han adelantado), donde rige el estado de derecho, haya partidos políticos y personas concretas que piensen que la única legitimidad válida es la que proviene del voto electoral y que ese voto concede facultades ilimitadas para atacar a los otros poderes del Estado.

El jueves de esta semana se va a producir un atropello de la independencia de los jueces, mediante el voto favorable a una proposición de ley con la que se pretende limitar la que la Constitución Española, en su Artículo 122.2, considera la primera y más importante función del Consejo General del Poder Judicial, que es el de nombrar, ascender, inspeccionar y mantener el régimen disciplinario de los jueces.

Es motivo de vergüenza nacional que las autoridades de la Unión Europea nos hayan llamado al orden en materia de independencia e inamovilidad de los jueces y magistrados y que lo haya hecho también el Consejo de Europa. La simple advertencia de estos organismos es como para que el conjunto de la clase política reconsidere su actitud y dejen de culparse unos a otros del problema de la parálisis del CGPJ. No lo harán.

Los ciudadanos contemplamos atónitos y cabreados como los partidos del Gobierno, cuya incapacidad y falta de liderazgo moral en este asunto son manifiestos, transfieren su responsabilidad a los actuales y futuros miembros del Consejo, y justifican el cercenamiento de sus funciones principales como órgano constitucional.

La tarea del Congreso y del Senado no es hacer una ley cualquiera, tiene que hacer buenas leyes. Una mala ley solo es una fuente inagotable de conflictos. La grandeza del sistema es que serán magistrados los que, en definitiva, juzgarán esa ley que se debate esta semana en el Congreso y le pondrán, espero, el letrero de una mala ley. Y no por venganza o por resentimiento, sino porque la tarea del juez “no consistirá en hacer cumplir la voluntad de quien le designó”.