El 20 de febrero de 2009 se materializaba la venta de Endesa, una de las empresas emblemáticas del sector energético español, a la italiana ENEL. Operación aprobada y bendecida por el gobierno de entonces, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y que como algunos analistas preveían ha derivado en el desmantelamiento y expolio de una de nuestras grandes multinacionales, especialmente de sus activos en América Latina. Y con estos precedentes hoy, doce años después, el gobierno presidido por otro socialista, Pedro Sánchez, se enfrenta a una nueva maniobra de adquisición del 22,6 por ciento de otra de las grandes compañías españolas que opera en un sector estratégico y regulado, Naturgy por el fondo australiano IFM Global.

Operación no exenta de riesgos, especialmente porque reduciría notablemente el capital flotante de la compañía en bolsa y dejaría a la primera gasista españoles en manos de tres fondos internacionales justo en unos momentos en los que el país está abordando un proceso de transformación energética que permita mejorar costos y eficiencia y cuando la energía es un sector clave en los proyectos del Gobierno español para obtener los fondos de reconstrucción de la UE.

Cierto que la experiencia de las adquisiciones de IFM en el mercado internacional muestra que no suele tomar participaciones de control, pero también lo es que en todos los casos su objetivo es participar en la gestión, lo que exige analizar en profundidad la operación y con miras más a largo plazo que esos 10,12 millones de euros que ingresaría Hacienda si la OPA sale por el abono de la llamada Tasa Tobin, sobre transacciones financieras. Sobre todo, teniendo en cuenta la citada experiencia de Endesa y por el escaso, por no decir nulo, compromiso que los fondos de inversión y las grandes multinacionales han demostrado tener con el país.

Pero más allá del caso concreto de Naturgy, lo que revela esta operación de IFM, como la entrada del grupo francés Vivendi en Prisa, es el grave deterioro que la mala gestión sanitaria y la ineficacia e insuficiencia de las medidas adoptadas frente a la crisis económico está teniendo sobre el valor de las empresas españolas que las hace especialmente vulnerable ante las apetencias de los inversores y especuladores internacionales.

Lejos de ese “signo positivo” para un país con “buenas perspectivas de crecimiento a medio plazo, como califica la ministra Calviño el hecho de que los fondos extranjeros se fijen en empresas españolas, la realidad es que el Ibex 35 ha sido el índice bursátil más penalizado de Europa durante el año 2020, que el valor de las empresas del Ibex ha caído en torno a un 25 por ciento en bolsa durante el último ejercicio y que muchas de las empresas cotizadas siguen capitalizando muy por debajo del valor de sus activos.

Mas que empresas interesantes, como afirma la titular de economía, lo que tenemos hoy aquí son empresas en rebajas y antes que engañarse y engañarnos lo que debería hacer el gobierno es mirarse en el espejo del presidente Macron en Francia oponiéndose a la compra de Carrefour por parte del grupo canadiense Couchetard, al considera la distribución comercial como un sector estratégico para la economía del país vecino.

Recordar que este mismo gobierno aprobó en marzo pasado una normativa antiopas que prohibía a las empresas extranjeras comprar más del 10 por ciento de compañías españolas. Y no se trata de recurrir a las nacionalizaciones siempre perniciosas, ni de impedir el funcionamiento del libre mercado, sino simplemente de defender los intereses nacionales y diferenciar lo que son ofertas de inversión productiva de las operaciones especulativas en momentos de dificultades que anteponen el lucro particular al interés social.