El coronavirus y sus variantes no distinguen cargos, funciones y cometidos. Atacan a todos. Pero si uno ocupa un alto puesto público, con despacho, antedespacho y coche oficial, corre menos riesgo de contagiarse y contagiar a los demás en el metro, el autobús, el comercio, la fábrica, la oficina o el taller. Eso no quiere decir que deba prescindir de la mascarilla y las medidas higiénicas recomendadas. Como dicen cada dos por tres en televisión, no hay que bajar bajar la guardia, pues el virus acecha en el lugar menos pensado.

Desde hace algo más de un mes, la mejor solución contra esa amenaza mortal es vacunarse. Esto lo saben hasta los tontos. Y quizá por eso asistimos, pasmados, al goteo torrencial de listos que, haciéndose el tonto, han abusado de sus cargos públicos para vacunarse cuanto antes, es decir, mucho antes de que les toque el turno establecido en la norma o protocolo fijado por el Gobierno de acuerdo con los Ejecutivos autonómicos. Se dijo: primero los más ancianos con mayor riesgo de infectarse y palmar, es decir, los arrumbados en las residencias; después el personal sanitario en contacto directo con los pacientes, después los crónicos con otras patologías… Si hubieran querido disponer otro orden en la dispensa de las vacunas que llegan tasadas y con retraso porque las farmacéuticas abarcaron más para cobrar de lo que podían apretar, habrían dicho otra cosa, por ejemplo: primero los jefes y después los indios.

Por eso no se entiende muy bien qué pinta el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, tratando de justificar los abusos de poder que han saltado a los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir con la expresión de que tampoco hay que “descabezar”? ¿A quién se refiere, a la jefatura del Estado, del PP, a sus colegas regidores, ediles, mandarines autonómicos o a la cúpula militar? ¿Sostiene acaso que los titulares del poder, incluido él, no están sometidos a la norma? Más allá de este personaje de la especie de los quebrantahuesos, no ha habido tío páseme el rio para los sorprendidos con la vacuna puesta sin esperar turno. Desde gerentes de hospitales vascos hasta alcaldes y alcaldesas sin vergüenza, pasando por consejeros autonómicos de Sanidad, sin duda mal asesorados, y llegando al mismísimo jefe del Estado Mayor de la Defensa han tenido que renunciar a sus cargos por saltarse la norma e incurrir en abuso de poder.

El concepto de “abuso del poder” supera la prepotencia, se manifiesta en actos y lo mismo vale para definir a quienes un día desvían caudales públicos a beneficio propio, mediante testaferros, parientes y amigantes, y otro día se prevalen del cargo para inyectarse una vacuna. Lo importante para quienes caen en esas prácticas es que no se noten, no se descubran ni aireen. Lo esencial para una sociedad libre y democrática es precisamente lo contrario. No se puede ni debe seguir ejerciendo el poder cuando se ha hecho rechifla y befa de la legalidad. Esto lo sabe hasta el vacunado fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, que también ha dimitido.

Los únicos que todavía no entienden los límites del poder son el presidente y la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, quienes siguen realizando nombramientos de magistrados dos años y medio después de haber agotado su mandato. Ya no se trata de una situación coyuntural, acaso provocada por la conveniencia del PP de atemperar el castigo a sus corruptos, sino de un abuso fosilizado. De ahí que el pleno del Congreso de este último jueves de enero modifique por fin la ley que va a impedir al CGPJ en situación de interinidad realizar nombramientos y poner y quitar jueces según convenga. Por cierto que, en aras de un insólito patriotismo (unos español y otros catalán), el PP, Cs, ERC y PDCAT votaron en contra del decreto sobre la canalización de las ayudas negociadas por Pedro Sánchez en Bruselas para la recuperación económica tras los grandes daños de la pandemia. Al menos la ultraderecha se abstuvo.