La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, confirma en el Congreso que el Gobierno tiene la intención de presentar a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «a lo largo del primer trimestre», con la previsión de acelerar su implementación a partir del tercero.

Ya se está trabajando en los procedimientos formales para la ratificación, adopción y publicación de los textos legales en el ámbito comunitario, un requisito «sine qua non» para que España pueda presentar de manera oficial su plan, ser aprobado y que «fluyan los fondos».

Además de la reforma administrativa cuyo real decreto ley fue convalidado el 28 de enero por el Congreso, se han lanzado ya una decena de manifestaciones de interés en la conectividad de alta velocidad, el despliegue del 5G en zonas rurales, la hoja de ruta del hidrógeno verde, la competitividad y sostenibilidad industrial, el impulso de las comunidades energéticas locales, la respuesta a la despoblación y el impulso de la economía rural, entre otros.

Y se está avanzando en la reforma de las pensiones y del mercado laboral.

También recuerda que el Gobierno ya comenzó a ejecutar «desde el primero de enero» los fondos europeos, al contemplarse un adelanto de 27.000 millones en los Presupuestos, un instrumento «clave y esencial» con el plan.

Los fondos europeos que le corresponderán a España rondarán los 140.000 millones€ hasta el año 2026, de los que Calviño ha indicado que el Gobierno pretende una «intensa concentrción» en los tres primeros ejercicios, con unos 70.000 millones en transferencias para lograr el impacto macroeconómico, y los otros 70.000 millones de préstamos en los tres últimos ejercicios del periodo.

Están previstos dos pagos al año del Fondo de Recuperación y Resiliencia, y que en el funcionamiento de 2021 se incluye un pago de prefinanciación de unos 10.000 millones cuando se apruebe el Plan de Recuperación.

«La magnitud de los recursos no tiene parangón con otros programas de inversión», insiste Nadia Calviño, ya que el Plan permitirá movilizar inversiones privadas por unos 500.000 millones€ y aportar dos puntos de PIB al crecimiento de este año y elevar a medio y largo plazo el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2%.

Se impulsará una gobernanza «eficaz» y una «buena interlocución» con agentes sociales, comunidades autónomas y ayuntamientos, pero es «esencial» la colaboración público-privada para «garantizar la permanencia a largo plazo del programa».

«Es un proyecto de país que exige que aunemos esfuerzos, una hoja de ruta compartida y un horizonte común», lo que ha llevado al Gobierno ha plantear un modelo de gobernanza con «involucración a alto nivel», siendo el Ministerio de Hacienda la autoridad «responsable» de su ejecución, con una «estrecha colaboración» con ministerios, mesas, foros, consejos consultivos y conferencias sectoriales para tener un «diálogo constante y fluido» con administraciones, agentes económicos, expertos y sociedad civil.

Cuatro ejes, 10 palancas y 30 componentes

Basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), el Plan es «muy ambicioso» y se articula en 10 palancas (con 30 componentes de inversión):

• agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, a la que se destinará el 16% del total e incluye un plan de choque de movilidad sostenible, otro de rehabilitación de vivienda urbana o de transformación del sector agroalimentario y cadena logística.
• infraestructuras y ecosistemas resilientes para preservar la biodiversidad(12%);
• transición energética justa e inclusiva (9%);
• modernización de administraciones públicas (5%),
• modernización y digitalización del tejido productivo (17%).
• Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud (17% del total);
• Educación, formación y conocimiento (18%) que incluye el Plan nacional de capacidades digitales, el plan de impulso a la FP, la modernización y digitalización del sistema educativo y el impulso de la educación de 0 a 3 años;
• la economía de los cuidados (6%),
• el Deporte y la industria de la Cultura (1,1%).
• modernización del sistema fiscal, con la que se retomará a medio plazo la senda de reducción de desequilibrios fiscales y aumentar la recaudación, mejorando la eficiencia del gasto público y poner en marcha las recomendaciones del Pacto de Toledo para la sostenibilidad de las pensiones.