El ministro de Seguridad Social ha apostado hoy por que en las próximas semanas se apruebe el nuevo sistema de revalorización de las pensiones, que, si por un lado, garantiza que los pensionistas no perderán poder adquisitivo, sí limita en cambio las subidas en los años, raros, en que los precios terminan en zona negativa.

José Luis Escrivá ha defendido el nuevo sistema de revalorización que el Gobierno negocia con los empresarios y los sindicatos, con la idea de aprobarlo cuanto antes en el Parlamento, y dar carpetazo así a la reforma del PP, hoy suspendida, que eliminó la ligazón entre el IPC y la subida anual de las pensiones, en 2013.

Escrivá ha explicado que el sistema propuesto en ningún caso supondrá un recorte de las pensiones, sino que estas subirán de acuerdo al IPC, si finalmente se acepta la fórmula. Sin embargo, la propuesta si eliminaría las ganancias de poder de compra de que los pensionistas han gozado algunos de los últimos años, cuando la inflación terminó por debajo de cero.

Con el sistema actual, las pensiones se actualizan cada año en función del IPC esperado. Así, este año, cuando el Gobierno espera que los precios suban un 0,9%, las pensiones han subido ya en enero ese porcentaje. ¿Qué sucede si no se cumplen las previsiones del Gobierno?

Caben dos situaciones. Cuando los precios suben por encima de lo previsto, la Seguridad Social compensa a los pensionistas, normalmente en enero del año siguiente, con la conocida ‘paguilla’, que cubre el desfase.

Pero, ¿y si la inflación es negativa? Este caso, inédito durante décadas, sí se ha producido en alguna ocasión durante la última década, desde que la Gran Recesión abrió un período de turbulencias a partir de 2008; realimentadas hoy por la pandemia de Covid.

En estos raros ejercicios, los pensionistas terminaban el año mejorando su poder de compra, al situarse su revalorización por encima del comportamiento final de los precios.

Nadie les obligada a devolver lo cobrado. Sin embargo, la fórmula Escrivá pretende compensar esos desajustes, alargando en el tiempo el método de cálculo.

Según ha explicado hoy miércoles el propio ministro, en ningún caso las pensiones se recortarían, pero los pensionistas sí perderían esas ganancias de poder adquisitivo, resultantes del desfase a su favor los años de inflación negativa.

“Hay que buscar algún mecanismo para que el principio sea ganar poder adquisitivo, pero no un sesgo a la ganancia, que no tienen los trabajadores en otros sectores”, ha admitido este miércoles en una entrevista en La Cope.

El método propuesto por el Gobierno para la revalorización pretende eliminar esas ganancias de poder adquisitivo de los pensionistas — excepcionales, por lo demás —, compensando la subida ‘impropia’ a lo largo de los años siguientes.

Si hay consenso, el poder adquisitivo de las pensiones va a estar “garantizado hacia adelante” con la nueva fórmula que “se aprobará en las próximas semanas”, ha dicho Escrivá.

Incentivos a la jubilación demorada

El ministro de Seguridad Social ha recalcado que la idea es que la gente se jubile más tarde mediante diversos incentivos. En primer lugar se propone desincentivar las jubilaciones anticipadas. También suprimir la jubilación obligatoria establecida en algunos convenios colectivos. Y, sobre todo, compensar con una paga “de una sola vez” a quienes, llegados a la edad de jubilación, acepten seguir trabajando, dentro del esquema actual conocido como ‘jubilación demorada’.

“Hay que hacer carreras laborales más largas”, ha insistido el ministro, quien se ha mostrado perplejo con la actitud de sus socios de gobierno de Unidas Podemos, algunos de los cuales han llegado a advertir al Ejecutivo que elevar el período de cálculo de las pensiones hasta los 35 años sería un motivo para desencadenar una huelga general.

“Esas cosas de donde tienen que venir es de los agentes sociales. Y yo lo veo muy discretos. Seguramente estarán viendo todo esto con un poco de perplejidad”, ha sentenciado Escrivá.

Finalmente, tras recordar que la mayor presión sobre el gasto se iniciará en 2025, con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom, ha destacado que el sistema público de pensiones goza de “cierta tranquilidad” tras haber elevado hasta los 67 años la edad de jubilación, a partir de 2027.

El Estado prevé que el gasto en pensiones se disparará del actual 12% del PIB, hasta el 15%, hasta el año 2050.