Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han exigido hoy AENA que acceda a renegociar la renta de sus locales comerciales a fin de evitar una oleada de quiebras en las tiendas y comercios que tienen como casero al gestor de capital público. El gestor se niega a ampliar el plazo para que sus inquilinos estudien su oferta, que incluye quitas de hasta el 50% hasta septiembre, y hasta del 100% durante el Gran Confinamiento. Y amenaza con ejecutar contratos y avales, y cobrar íntegras las rentas adeudadas.

UGT y CCOO exigen a AENA que abandone el “inmovilismo” y se siente de nuevo a negociar, después de que el arrendador comenzara esta semana a reclamar por carta el 100% de la deuda a los inquilinos rebeldes.

“El ultimátum presiona a las empresas a asumir las condiciones de las concesiones sin valorar de forma realista el contexto de crisis provocado por la pandemia”, alegan en fuentes sindicales.

Los sindicatos ponen como ejemplo el resto de países de la Unión Europea (UE) donde la “práctica totalidad” de los inquilinos de estas superficies comerciales han podido renegociar sus contratos con base al “tráfico aéreo real”, en estado de calamidad debido a las restricciones a la movilidad impuestas por la lucha contra la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, en España, AENA se niega a tomar como referencia esa caída del tráfico aéreo, un 72,4%, según sus propios datos. Y solo acepta las condiciones de quita que negoció durante diez meses con sus arrendatarios.

Estas condiciones perdonan la renta durante el Gran Confinamiento, de marzo a junio del año pasado. Pero imponen el pago del 50% desde entonces y hasta el próximo mes de septiembre.

Según El País, los alquileres mínimos rondan unos tres millones de euros anuales en el caso de los restaurantes, y un millón y medio para las llamadas tiendas de conveniencia.

Los inquilinos se han asociado y tratan de presionar al Gobierno para que pare los pies de AENA, la empresa con un 51% de capital público. Así, han contactado con el ministerio de Fomento y con los de Industria, Comercio y Turismo, y Trabajo, asegurando que la propuesta de AENA es “inasumible” y empuja a la ruina a sus negocios.

Pero AENA se muestra inflexible. Y esta semana ha remitido una oleada de cartas, reclamando la renta a sus inquilinos; la mitad a quienes aceptan su solución; toda, a quienes se oponen.

Se da la circunstancia de que los inquilinos, para poder comerciar allí, aceptaron responder por la parte pendiente del contrato, en caso de querer levantar el vuelo. No hay por tanto posibilidad de cancelar contratos. Por otro lado, otra cláusula respalda las exigencias del casero. Se trata de la llamada renta mínima garantizada. Un blindaje que asegura un alto porcentaje de la renta, independientemente de las ventas.

Entre los arrendatarios de AENA en los aeropuertos españoles figuran tanto grandes empresas, como pequeñas y medianas empresas.

Según sus cifras, AENA posee 220.000 metros cuadrados de superficie comercial en explotación, por la que obtuvo en 2019 más de 1.250 millones de euros; un buen pellizco dentro de su cifra de negocio superior a 4.500 millones el mismo año, solo por detrás del negocio aeronáutico, que le reportó 2.900 millones adicionales.

“Si el ultimátum de AENA llega a cumplirse, supondría para la mayoría de las empresas no solo la insolvencia sino la entrada en concurso de acreedores, con la pérdida llegado el caso de miles de empleo”, sentencian los sindicatos, que exigen al operador retomar las negociaciones rotas en diciembre, pero sin la “espada de Damocles” de la ejecución de los contratos o incluso de los avales ligados a los concursos.