Gráfico: Comunidad de Madrid

Las comunidades autónomas están rebajando la cobertura de sus rentas mínimas de protección. A pesar de la crisis económica, y la emergencia sanitaria que dificulta la búsqueda de empleo, en la Comunidad de Madrid el número de familias perceptoras de esta renta destinada a socorrer a los más desamparados bajó en diciembre un 37% respecto al año anterior.

Según denuncia CCOO, las comunidades se escudan en el lanzamiento del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno central para detraer recursos, a pesar del retraso que acumula la tramitación de la renta de supervivencia en las oficinas de la Seguridad Social.

En la Comunidad de Madrid, el número de familias perceptoras de la llamada renta mínima de inserción cayó en diciembre un 37% con respecto a los datos de un año atrás. La emergencia sanitaria, que ha disparado el paro en todo el territorio nacional, no impidió que el número de familias se rebajara de las 22.543 de diciembre de 2019, a las 14.051 de este año, en igual mes, según los datos del gobierno autonómico.

La rebaja de beneficiarios ha tenido también un importante ahorro para las arcas públicas madrileñas, que gastaron el pasado mes de diciembre poco menos de 6 millones de euros, frente a los más de 10,5 millones, en este caso, en enero de 2020.

Casi un 60% de las denegaciones de renta se produjeron por no acreditar la carencia de recursos económicos el pasado mes de diciembre. Pero, entre las causas de extinción del derecho, casi un tercio se explican por la entrada en vigor del ingreso mínimo vital (IMV) el pasado mes de junio.

Rápida retirada de ayudas, lento despliegue del IMV

Sin embargo, la entrada en vigor del ingreso mínimo vital no ha supuesto un nuevo salvavidas para los más vulnerables en todo el territorio nacional. Según datos del ministerio de Seguridad Social, el pasado mes de diciembre la nueva ayuda apenas había llegado a 160.000 familias, un 20% de las 850.000 previstas por el propio Gobierno central, responsable de la ayuda (a falta de computar los datos del País Vasco).

Según Comisiones Obreras (CCOO), el “lento despliegue” del ingreso mínimo vital está perjudicando a buena parte de los más necesitados en el peor momento, cuando la crisis despertada por el coronavirus ha destruido 750.000 empleos en el último año en el sector privado, y colocado la cifra de parados muy cerca de los 4 millones en toda España.

Con todo, Madrid es de las pocas comunidades autónomas que están ofreciendo datos sobre este caótico proceso de sustitución de las ayudas públicas para los más vulnerables que acompaña el despliegue del ingreso mínimo vital.

Así, junto con Madrid, que reconoce un 37% de rebaja en el número de familias perceptoras de su renta mínima — que el sindicato eleva al 44% —, tan solo Aragón acompaña este listado, con un 14% menos de beneficiarios, según las cifras que maneja el sindicato. Otras dos comunidades autónomas habrían visto aumentar, en cambio, su número de perceptores.

“La implantación del ingreso mínimo vital, lenta y muy parcial, no está suponiendo una mejora adicional neta de la cobertura”, avanza un portavoz del sindicato, muy crítico con el despliegue por parte del ministerio de Seguridad Social del nuevo salvavidas.

“No debe ser un mero ahorro”

El sindicato, que aplaude la inclusión de nuevos colectivos de beneficiarios aprobada esta semana por el Gobierno, denuncia que el lanzamiento del ingreso mínimo vital está teniendo una incidencia sobre los escudos antipobreza autonómicos; nueve gobiernos autonómicos han reducido sus presupuestos para tal fin, frente a cuatro que los mantienen y otros cuatro que los han incrementado.

Además, los solicitantes de estas ayudas, que rondan los 400 euros, topan con nuevos problemas. En Madrid, por ejemplo, la Administración exige ahora a los solicitantes de su renta mínima que demuestren que les ha sido denegado el ingreso mínimo. Y eso a pesar de la situación económica, y de la lentitud con que se está despachando la renta desde las oficinas de la Seguridad Social.

“Ha paralizado el acceso a sus propios sistemas de rentas mínimas hasta que el solicitante no acredite que ha solicitado y no obtenido el IMV”, afirman desde el sindicato. “Esto unido a los evidentes problemas de tramitación y acceso al ingreso mínimo, tiene como resultado el consiguiente perjuicio para las personas demandantes de estas rentas”, destacan.

Flexibilizar el ingreso mínimo

Según los últimos datos solo se ha reconocido el ingreso mínimo vital al 20% de los hogares previstos; unos 160.000 hogares; a pesar del millón largo de expedientes válidos recibidos; 800.000 de los cuales han sido tramitados.

“El despliegue está siendo muy lento, con grandes diferencias por comunidades autónomas”, reiteran, tras señalar que en medio de una situación económica y sanitaria extraordinariamente grave, “no se está consiguiendo dar solución con la urgencia requerida”, agregan.

CCOO exige al ministerio de Seguridad Social que flexibilice los requisitos para recibir la renta, agilice su tramitación, y tenga en cuenta además a nuevos colectivos como extutelados, personas sin hogar, demandantes de protección internacional o familias monoparentales sin sentencia de divorcio.

Además, el sindicato critica que el Gobierno se valga de organizaciones no gubernamentales a modo de ‘mediadores sociales’, que certifiquen situaciones como aquellas en que los solicitantes comparten piso, aunque sin formar unidad familiar, a la hora de computar por separados sus ingresos, de forma que todos ellos puedan optar a la ayuda; uno de los últimos cambios anunciados.

Según CCOO esta figura “no es la mejor solución”, ya que debe corresponder a las Administraciones Públicas esta decisión, lo que garantizaría un trato justo y plenas garantías a los solicitantes de la ayuda.