El fondo australiano IFM, una vez ha presentado a la Comisión Nacional del, Mercado de Valores (CNMV) el pasado viernes la opa parcial lanzada a Naturgy, se enfrenta a a varios exámenes ante diferentes tribunales. Tendrá que presentar un informe al Ministerio de Industria sobre objetivos y estrategias de la operación y pasar por la lupa del organismo que controla la competencia, CNMC; y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que analizará si ha habido acción concertada entre el fondo que lanza la opa y CVC y GIP, que han acordado no ir a la oferta y apoyarle en la entrada en el consejo. Esta entidad pedirá información adicional.

Para el Gobierno, pese a las diferentes posiciones que puedan existir entre los titulares de los ministerios, la prioridad que prevalecerá cuando veten o no la opa parcial lanzada por el fondo IFM sobre Naturgy es la seguridad en el suministro y distribución de gas natural. Un hidrocarburo básico para el tejido empresarial y para el consumo doméstico.  Y la compañía que preside Francisco Reynés es una pieza estratégica en la actividad.

Tiene el 49% del gasoducto Medgaz que une Argelia con España (el otro 51% pertenece a la argelina Sonatrach) y cuenta con licencia de transporte en el Magreb Europa, además es la primera empresa en distribución de gas en la Península Ibérica. Un conjunto de activos y posiciones que le dan un papel relevante en la actividad.

¿Puede el Gobierno tener la absoluta garantía de que IFM no promoverá la venta de activos con el apoyo de otros fondos? Si bien tanto La Caixa como el Ejecutivo esperan conocer el contenido del folleto de la opa, medios consultados subrayan que determinadas transacciones no pueden ser controladas si el consejo de administración las aprueba. «No puede haber una normativa ad hoc para cada movimiento», señalan.

El interés de Moncloa por el suministro de gas desde Argelia y por los precios se mostró en el último viaje del presidente Pedro Sánchez, a ese país magrebí el pasado octubre, en el que participaron directivos de compañías, entre ellos, Reynés.

En 2020, el Gobierno eximió durante un plazo de 14 meses, a los titulares de los dos gasoductos que unen yacimientos de gas natural de Argelia con España del cumplimiento de las condiciones relativas a la separación de propiedad de las actividades de transporte y comercialización, «así como del acceso regulado y no discriminatorio a sus instalaciones exigido en la Ley de Hidrocarburos.»

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