Con casi cinco millones de parados, el gasto en protección por desempleo se ha disparado en los años de la crisis en España hasta alcanzar la elevada cifra de 30.000 millones mientras que el dinero que se destina a fomentar la creación de empleo (las llamadas políticas activas) se sitúa en torno a los 4.000 millones.

Sin embargo, es un gasto en sirve para proteger a los desempleados pero que luego no se traduce en empleo de tal manera que el parado llega a agotar estas ayudas sin que haya conseguido un puesto de trabajo.

Tanto PP como PSOE aseguran que quieren revertir esa situación y están estudiando y proponiendo medidas para parte de ese dinero se destine a la creación de empleo en el caso de que ganen las próximas elecciones. Así el presidente del PP, Mariano Rajoy, prometió este fin de semana una subvención de 3000 euros para el empresario que contrate a su primer trabajador. Una medida que va directamente en apoyo de los autónomos.

Según el dirigente popular, la bonificación de 3000 euros se justifica con el hecho de que el trabajador contratado dejará de recibir la prestación por desempleo y “si cada pyme o autónomo contratara a una sola persona en España, este país daría un paso delante de incalculables dimensiones”.

Por su parte el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió este lunes rebajar las cotizaciones a las empresas que contraten a perceptores de prestaciones por desempleo, para tratar de activar y hacer más útil este gasto.

Gómez, que es también miembro del equipo del candidato del PSOE a las elecciones del 20-N, recordó que esta medida ya incorporó «con matices» a la reforma laboral discutida en el seno del diálogo social, pero que finalmente se hizo desaparecer de su articulado definitivo en 2010.

Según defendió, esta medida está justificada por la necesidad de activar parte del gasto que se emplea en la protección por desempleo para incentivar la contratación, ya que la partida dedicada a políticas activas de empleo es escasa. A su juicio, un país que gasta ese dinero en desempleo y que tiene al 80% de los parados protegidos «debe también intentar activar parte de ese gasto para que sea posible encontrar trabajo más rápido a los perceptores de prestación».