La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España alertamn en un comunicado conjunto de los riesgos que conllevan las criptomonedas como inversión por «su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia», y las califican de «apuesta de alto riesgo» para los pequeños ahorradores.

Tras detectar un aumento «significativo» de la publicidad, en ocasiones «agresiva», para atraer inversores en los últimos meses a criptodivisas como Bitcoin y Ether, los supervisores recuerdan que se trata de instrumentos «complejos, que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores».

El precio de las criptodivisas, sujeto a una elevada volatilidad en los últimos meses, «conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión».

Desde el punto de vista legal, las criptomonedas aún no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el de Inversiones.

Además, existen productos derivados apalancados vinculados a criptomonedas que permiten invertir indirectamente en estos, lo que incrementa aún más su complejidad y la posibilidad de sufrir pérdidas superiores a la inversión inicial, por lo que requieren de un gran conocimiento.

Los supervisores avisan que los precios de las criptomonedas se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones,estos precios se forman también sin información pública que los respalde.

En cuanto a la liquidez, CNMV y Banco de España advierten de que muchas de estas criptomonedas pueden verse carentes de la liquidez necesaria para poder deshacer una inversión sin sufrir pérdidas significativas, especialmente porque su circulación entre inversores, tanto minoristas como profesionales, es muy limitada.

Y destacan los posibles problemas derivados del carácter transfronterizo de los distintos actores implicados en la emisión, custodia y comercialización de criptoactivos. «Algunos no se encuentran localizados en España o incluso no es posible su localización, por lo que la resolución de cualquier conflicto podría resultar costosa y quedar fuera del ámbito de competencia de las autoridades españolas», asegura el comunicado conjunto.

En cuanto a las posibilidades de robo, estafa o pérdida de los criptoactivos, los supervisores recuerdan que la tecnología de registros distribuidos utilizada para la emisión de las criptomonedas conlleva «riesgos específicos» en tanto que su custodia no está regulada ni supervisada.

De esta forma, la pérdida o robo de las claves privadas puede suponer la pérdida de las criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas. «Este riesgo debe ser valorado antes de adquirir estos activos, tanto si se gestiona personalmente el monedero, como si su custodia se deja en manos de terceros», especifican CNMV y Banco de España

En cuanto a su uso como medio de pago, señalan que pese a que existen desde hace más de una década, la aceptación de las criptomonedas como medio de pago es aún «muy limitada» y que no existe obligación de aceptar Bitcoin como medio de pago de deudas u otras obligaciones. «Dada su elevada volatilidad, las criptomonedas no cumplen adecuadamente las funciones de unidad de cuenta y depósito de valor», zanjan la CNMV y el Banco de España.

El Banco de España y la CNMV ya advirtieron el 8 de febrero de 2018 sobre el riesgo de este tipo de inversiones. No obstante, reconocen que los criptoactivos, incluyendo las criptomonedas y la tecnología que les da soporte, pueden ser elementos que modernicen el sistema financiero en los próximos años.

En el ámbito regulatorio recuerdan que no existe todavía en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el Bitcoin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros.

Actualmente, se está negociando a nivel europeo un Reglamento (MiCA) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos.