UGT y Comisiones Obreras (CCOO) se concentrarán este jueves frente a la sede de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno por todo el país. Sin embargo, en Madrid, estas protestas llamadas a exigir al Ejecutivo el cumplimiento de sus promesas de derogar la reforma laboral y subir el salario mínimo, se celebrarán en otro lugar. El ministerio que dirige Nadia Calviño, junto a la plaza de Cuzco, se torna la diana a la que los sindicatos dirigen sus protestas en la capital.

Calviño queda así señalada sin duda por los sindicatos en este afán por que el Ejecutivo no se desvíe del programa pactado entre el PSOE y Unidas Podemos un año atrás, en vísperas de que la pandemia asomara la nariz.

Con el dedo acusador, los sindicatos identifican así a quien juzgan como el mayor obstáculo para que el Gobierno acelere de una vez la demolición de la reforma laboral de Báñez, suba el salario mínimo, y se olvide de recortes en la muy próxima reforma de pensiones.

En el resto de España, las concentraciones se celebrarán frente a las sedes de delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. Luego de una semana de agitación en redes sociales, los sindicatos tratan de culminar así la primera protesta contra el Ejecutivo de coalición, después de un año marcado por la concertación.

‘Ahora sí toca’

La primera exigencia es que el Ejecutivo reactive la mesa sobre la reforma laboral. ‘Ahora sí toca’ reza el lema elegido para la oleada de concentraciones, que buscan retomar las conversaciones llamadas a cambiar las reglas del juego entre quienes negocian cada año en 5.000 mesas el salario y las condiciones de trabajo de millones de trabajadores.

Esta mesa estaba muy avanzada hace un año. Pero el coronavirus, y su pulso a la economía y la salud, postergó unas conversaciones que devolvían al convenio de sector su primacía, al menos en ciertos aspectos, y alargaban la vida útil de los convenios una vez llegada su fecha de defunción.

Por el camino, el azote del virus ha cambiado radicalmente las bases del acuerdo. Un 11% de la producción se ha perdido. Y el sector privado ha cerrado 2020 con 750.000 trabajadores menos. Mientras que la cifra de parados registrados ronda los cuatro millones. Una debacle sin precedentes a la que se agarran los empresarios, para postergar indefinidamente cualquier cambio que perjudique sus intereses.

Desde el otro lado, sin embargo, el tiempo aprieta. La anterior crisis, la de 2008, se saldó con una importante devaluación salarial, auspiciada por la reforma laboral Báñez de 2012. Y los sindicatos quieren evitar que esta vez, la salida se juegue con esas reglas.

En su lugar, proponen un endurecimiento del despido, y estrechar la gatera por la que se cuelan bajadas de sueldo, de la mano de inaplicaciones, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y otras figuras, amparadas por la anterior reforma, en favor de los empresarios.

Sin embargo, los defensores de esa reforma, entre quienes se encuentra la actual ministra de asuntos económicos, Nadia Calviño, al menos de algunos de sus aspectos, argumentan que esas facilidades agilizan la adaptación de las empresas cuando vienen mal dadas, y son un salvavidas imprescindible para salvar empresas y por tanto empleo.

Los ‘riders’ se cruzan por el camino

Entre tanto, la presión sindical sobre el Gobierno, y en particular, sobre el ala ortodoxa que desea preservar algunos elementos de la reforma laboral y retrasar la subida del salario mínimo, se topa mañana miércoles con un nuevo hito.

Este miércoles acaba el plazo dado por el Gobierno a los empresarios para que estos se sumen a la reforma de la normativa que regula la actividad de los ‘riders’, los repartidores de las plataformas digitales, cuya actividad debe ordenarse desde el ámbito laboral, y no mercantil, como actualmente, bajo la figura de los falsos autónomos, según ordena el Tribunal Supremo.

Un hito en el que los empresarios permanecen inertes, acosados por un lado por su propia división interna, y por otro por la certeza de que a veces la mejor estrategia es no moverse.

Por si fuera poco, en este guirigay se mezcla además Bruselas, que desea encauzar las finanzas españolas, y sentar las bases para que el paro crónico sea en España cosa del pasado. Para ello, el Ejecutivo comunitario pone sobre la mesa una millonaria ayuda frente a la Covid, pero exige a cambio reformas que encaucen los problemas; especialmente el de pensiones, que los sindicatos quieren saldar sin recortes, y que encara tres décadas de aumento del gasto, según va llegando a la jubilación la muy numerosa generación del baby boom.