Que la opa a Naturgy lanzada por fondo australiano IFM es un movimiento empresarial de relevancia para el Gobierno se ha mostrado hoy con las declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ha defendido la actuación del Ejecutivo, que «no puede quedar al margen», porque «es importante que tengamos cierto control sobre aquello que es estratégico».

El ministro de Transportes no es solamente uno de los miembros del Ejecutivo más próximos al presidente Sánchez., es también, por su cargo como secretario general del PSOE, una de las personas con más peso en las decisiones de Moncloa. En la entrevista ha destacado la importancia de que el Gobierno mantenga cierto control, que no es intervención. «La privatización, si no lleva acompañada esa observancia, no me parece bien».

Estas declaraciones, quizá las más diáfanas respecto a la posición del Gobierno respecto al grupo energético, se producen una días después de que la empresa se dejará casi un 4% en Bolsa a raíz de informaciones bursátiles que apuntaban al veto. En la jornada de hoy, Naturgy vuelve a alejarse del precio ofrecido por IFM

No obstante el proceso sigue y queda mucho camino por recorrer. Los responsables de la entidad australiana, que quieren desprenderse de la etiquetas que en general tienen estas entidades, avanzan en la elaboración de la documentación que tienen que enviar al Ministerio de Industria. Será, asimismo, una etapa larga y en la que departamento irá solicitando datos adicionales. Si bien, el tema central es cómo pueden asumir compromisos que luego desarrolle.

También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado que puede tener «sentido» establecer marcos que permitan controlar al sector público operaciones de tomas de participación a empresas estratégicas nacionales en el contexto actual de circunstancias «absolutamente excepcionales».

Y ha indicado que los países europeos han tomado este tipo de decisiones porque se dan unas circunstancias «absolutamente excepcionales» y se busca prevenir que se puedan generar «efectos no deseados» en un entorno en el que «no se puede hablar de libre comercio cuando parte del tejido productivo está sostenido por el sector público».

Por ello, cree que «puede tener sentido» establecer marcos que impidan o permitan controlar al sector público este tipo de operaciones, si bien ha matizado que a nivel estructural el libre comercio y el libre movimiento de capitales en toda la Unión Europea y con otros países «debe seguir siendo la referencia».