Tiene razón el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, ese caballo de Troya de Maduro y Putin en el Gobierno, cuando habla de las anomalías democráticas en España.  Porque, efectivamente, en este país nuestro hay muchas anomalías democráticas, pero no por lo que dice o entiende él, sino por lo que hacen él y el Gobierno al que todavía pertenece.

El propio Iglesias sabe, o debería saber, que no es una anomalía democrática que los políticos presos de Cataluña no puedan hacer campaña electoral, que la están haciendo, o que hayan perdido sus derechos políticos. Han sido condenados por un delito de sedición, un intento de golpe de Estado, y lo han sido en un juicio justo, con todas las garantías de los más escrupulosos estados de derecho, atendiendo no a criterios políticos sino al desarrollo de los hechos y las pruebas presentadas. Y la sentencia ha sido dictada por un Tribunal independiente, imparcial y democrático.

Lo que si es una anomalía democrática es que estos políticos presos estén hoy en la calle apoyando a sus partidos respectivos, por obra y gracia de una resolución de un gobierno autonómico que ellos mismos dirigen, en contra de las resoluciones del Tribunal y sin que la Fiscalía haya presentado aún el recurso correspondiente a pesar del tiempo transcurrido.

Como también son anomalías democráticas el mantener un Estado de Alarma durante más de cinco meses restringiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos, gobernando por decreto, recortando la labor de control del Parlamento y eludiendo la obligación del Presidente del Gobierno de dar cuentas ante el poder legislativo, salvo cuando el considera necesario o le interesa.

Anomalías democráticas son también los intentos de controlar y fulminar la independencia del Poder Judicial; el ataque y las amenazas a los medios de comunicación independientes y los proyectos para acabar con el derecho a una información veraz y libre a través de ministerios de la verdad u organismos similares; la práctica paralización del portal de transparencia, la ocultación del número real de fallecidos por el COVID, los ataques a las instituciones democráticas y a la Corona, las continuas mentiras sobre la gestión sanitaria, el reparto de los dineros del Presupuesto del Estado y los fondos europeos en función de las afinidades políticas y en los territorios gobernados por los socios del Gobierno, y la ocultación deliberada del informe del Consejo de Estado sobre la gestión de esos fondos comunitarios.

Son todas anomalías democráticas que se inician y se multiplican desde la llegada a La Moncloa de Sánchez y sus socios podemitas y que, evidentemente, han deteriorado la calidad de la democracia española y el prestigio y la credibilidad de nuestro país en los foros internacionales y entre nuestros socios de la UE.

Y en este escenario surge también ese esperpéntico manifiesto apoyado por Podemos y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, -quién la ha visto y quién la ve- reclamando la condonación de la deuda atesorada por el Banco Central Europeo. Una propuesta que no sólo es un atentado irracional contra la solvencia y la credibilidad de España ante los mercados internacionales y los inversores extranjeros, sino que, como apunta mi compañero y amigo, Juan Berga, puede provocar también el derrumbe de la moneda, la fuga de capitales y nacimiento de unos cuantos corralitos, al más puro estilo de Argentina.

Una idea descabellada que nos coloca a la altura de esas dictaduras bananeras y bolivarianas que tanto gustan a Pablo Iglesias y su tropa de demagogos populistas cuando España tiene hoy una prima de riesgo artificial sostenida sólo por las compras de deuda del BCE, cuando nuestra deuda pública está ya en el entorno del 120 por ciento del PIB y cuando el Gobierno quiere colocar este año unos 300.000 millones de euros de nuevo endeudamiento. De locos, o de irresponsables, que tanto monta monta tanto.