El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, reclama, en su intervención en una jornada del European Economics & Financial Centre, la puesta en marcha de mecanismos que faciliten la inyección de fondos, tanto  públicos como privados, en empresas con problemas de solvencia que sean viables, con instrumentos híbridos como préstamos participativos o deuda subordinada. También plantea subvenciones para las pymes.

La respuesta a la crisis ha sido «amplia, decidida y ampliamente coordinada, abarcando importantes medidas en los ámbitos fiscal, monetario, laboral y financiero» que «han mitigado la desaceleración de la actividad real y hasta ahora han evitado la materialización de riesgos sistémicos financieros», como los ERTE o las garantías públicas para los préstamos bancarios.

En el actual contexto de «gran incertidumbre», las políticas económicas deben mantener una postura «fuertemente expansiva hasta que la recuperación se haya afianzado». E intensificar las medidas destinadas a fomentar el crecimiento a medio y largo plazo. En este sentido, los trabajadores afectados por un ERTE deben ser considerados como un grupo prioritario para el acceso a la formación.

Arce pide una revisión «exhaustiva» del catálogo de políticas activas del mercado de trabajo, para aumentar su eficacia y eficiencia, y para «estar atentos a algunos elementos de las políticas actuales que podrían eventualmente obstaculizar la necesidad de reasignación de recursos que probablemente surgirá como resultado de la crisis».

«Preservar un grado adecuado de flexibilidad en las regulaciones del mercado laboral debería ser una prioridad en el contexto de cualquier revisión futura del marco legal en esta área».

Riesgos de insolvencia

«Las empresas españolas han aprovechado la mejora de las condiciones de financiación tanto en los mercados de crédito bancario como en los mercados de renta fija para cubrir gran parte de sus necesidades de liquidez», explica Arce.

Análisis del Banco de España muestran que la dependencia de las garantías públicas fue particularmente intensa entre las empresas que enfrentan un acceso potencialmente más difícil a la financiación externa en la coyuntura actual, como las pymes, las empresas con más riesgos y las empresas que operan en los sectores más expuestos al choque.

Pero la prolongación de la crisis ha aumentado los riesgos de insolvencia de las empresas. En particular, el aumento del endeudamiento y la reducción de los ingresos han empeorado la situación financiera de muchas empresas, por lo que las políticas económicas se centren en los problemas de solvencia.

Aunque el Gobierno ya ha creado un fondo especial para inyectar capital en firmas grandes y estratégicas, en el caso de las empresas más pequeñas hay menos herramientas disponibles para inyectar capital público, o al menos para inyectarlo de manera eficiente.

Una opción es establecer vehículos de inversión en el capital de las empresas utilizando recursos públicos y privados. Otra, inversiones directas en empresas que están bajo presión financiera pero siguen siendo viables, patrocinadas por el sector público utilizando instrumentos híbridos como préstamos participativos o deuda subordinada.

En el caso de las empresas pequeñas, la prestación de apoyo en forma de subvenciones a empresas viables también puede ser una alternativa. En algunos casos, para abordar los problemas de solvencia será necesaria la reestructuración de la deuda en empresas insolventes con proyectos comerciales viables.

«Es necesario mejorar los actuales mecanismos de insolvencia para hacerlos más eficientes y minimizar el riesgo de que estas empresas acaben siendo liquidadas de forma ineficaz», insiste el director general de Economía y Estadística del Banco de España, que pide dar prioridad a los procedimientos de insolvencia extrajudiciales, ya que por lo general son «más flexibles y rápidos» que los procedimientos de insolvencia ante los tribunales.