Familiares de las 137 víctimas de la explosión del oleoducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo (México) el 18 de enero de 2019 han presentado una demanda colectiva a Mapfre Tepeyac, la filial mexicana del grupo asegurador español, para hacer válidas indemnizaciones por 1.100 millones$.

En la demanda colectiva, las familias recordaron que el seguro que Mapfre tiene suscrito con Petróleos Mexicanos (Pemex) cubre  incidentes como la explosión en Tlahualipan.

Miguel Ángel Trujillo, abogado de las familias, explica que el objetivo de la demanda es conseguir dinero para repartirlo entre los 179 niños que quedaron huérfanos por el siniestro. Y acusa a Mapfre de tratar a los mexicanos «como país del tercer mundo».

La demanda interpuesta por las familias el 11 de febrero también incluye la solicitud de sancionar a Mapfre con una pena “ejemplar», equivalente al 10%de su capital debido a que no liberó el dinero aun cuando tenía un contrato de seguro con Pemex con una vigencia de junio de 2017 a junio de 2019 que, de acuerdo con el litigante, abarcaba un suceso como el de Tlahualipan.

La cobertura de esta póliza bianual alcanza la responsabilidad civil. Mapfre considera que la culpa del siniestro era de las víctimas, que estaban extrayendo combustible de un escape del oleoducto.

El 6 de noviembre de 2020  un tribunal civil resolvió que las víctimas tienen legitimidad jurídica para reclamar a la asegurador, y ordenó reponer el proceso a las instancias que en 2019 desecharon esta “acción colectiva”.

El caso del oleoducto de Pemex recuerda al del avión de Spanair que se estrelló en el aeropuerto de Barajas el 20 de agosto de 2008, con 1543 muertops y 18 heridos. La aseguradora de la aerolínea, que quebró en 2012, era Mapfre. La causa judicial se cerró hace nueve años, pero está pendiente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si es ajustada al Derecho comunitario la aplicación del Baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico a catástrofes aéreas.

Un pronunciamiento contrario del Tribunal de la Unión Europea supondría la reapertura total del caso y la revisión de las indemnizaciones recibidas por las víctimas del vuelo JK5022 de Spanair. Una posibilidad que el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, considera «remota».