El Santander logra la planta de cogeneración de Abengoa en México

15/02/2021

diarioabierto.es. El consejo de administración de Abengoa ha acusado al grupo AbengoaShares de maniobrar para mejorar su posición en contra de "los propios intereses de los accionistas en general".

Banco Santander se ha hecho con uno de los activos estrella de la cartera de Abengoa, la planta de cogeneración en México A3T, al ejercer la opción de compra que tenía sobre la sociedad que controlaba este proyecto.

El 21 de diciembre de 2020, los accionistas de la compañía A3T Luxco 2 recibieron por parte del Santander la notificación para el ejercicio de la ‘call option’ de acuerdo a los contratos firmados el 25 de abril de 2019. De esta manera, Banco Santander, como tenedor del ‘bono A3T convertible’ tenia garantizada una opción de compra del 99,99% de las acciones de A3T Luxco 2. El ejercicio de la opción se realizó el 7 de febrero.

Con el ejercicio de esta opción A3T Luxco 2 y sus dependientes (la
sociedad A3T Luxco 1 y Abent 3T ), han salido del perímetro de consolidación de Abengoa durante el primer trimestre del ejercicio 2021.

En el marco de la reestructuración de la deuda de Abengoa aprobada en 2019, el Santander se comprometió a una inyección de 97 millones de euros a la empresa andaluza a cambio de una emisión de bonos contra el A3T.

La venta de A3T ha estado en los planes del grupo desde que se iniciaron sus problemas financieros. La planta de cogeneración eficiente, el primer desarrollo propio ejecutado por el grupo en México y su segunda cogeneración en el país, se encuentra operativo desde diciembre de 2018 y tenía comprometida más del 85% de la energía generada por el proyecto en contratos de compraventa de energía a largo plazo.

La planta está ubicada junto al Complejo Procesador Gas Nuevo Pemex (CPG NP) en el municipio de Centro (Villahermosa, Tabasco) y cuenta con una capacidad garantizada de 220 megavatios (MW) (266 MW de potencia máxima).

Pérdidas de 549,11 millones en 2019

Abengoa, que se encuentra inmersa en una ‘guerra’ accionarial en pleno proceso para cerrar un nuevo rescate de la compañía por sus acreedores, registró en 2019 unas pérdidas de 549,11 millones€, lo que representa casi tres veces menos que los 1.497,86 millones del ejercicio anterior.

El viernes 12 de febrero, el grupo remitía a la CNMV sus cuentas de 2019 con un año de retraso, después de que decidiera aplazar su presentación en marzo a la espera de un informe independiente de expertos que valorara su participación en Abengoa Abenewco 2, y sin el informe del auditor. A 31 de diciembre de 2019, el patrimonio neto del grupo era negativo por importe de 4.760,052 millones, frente a los 4.251,016 millones a cierre del año anterior.

La compañía, cuyas acciones llevan suspendidas de cotización desde julio de 2020, destaca que la aplicación del acuerdo de reestructuración con los principales acreedores financieros supondrá un impacto positivo en el patrimonio neto consolidado aproximado de entre 3.000 millones y 3.300 millones.

El grupo alcanzó el 6 de agosto de 2020 un acuerdo para que Abengoa Abenewco 1, que según el plan está previsto que pasará a ser sociedad cabecera de todos los negocios de la empresa, suscribiera un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que solicitó la garantía del ICO al amparo del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19.

Al préstamo de 230 millones sumaba Abengoa una línea de avales ‘revolving’ a cinco años por importe de hasta 126,4 millones, ampliable hasta 300 millones de euros, calificada como nueva línea de avales.

El cierre de la operación estaba pendiente de la contribución de la Junta de Andalucía a ese rescate en unos 20 millones adicionales que no se terminó de concretar.

El  23 de diciembre, el nuevo consejo de administración de Abengoa, presidido por Juan Pablo López-Bravo, ya consideró que la refinanciación convenida el 6 de agosto de 2020 era «la mejor y única solución para el grupo». Y que demorar su ejecución más allá del día 31 de este mes «conduciría a la liquidación del grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa y para sus accionistas».

El grupo ha convocado una junta extraordinaria para marzo en la que se abordará, además de informar sobre la situación de la compañía, la reprobación y cese de los miembros del actual consejo de administración. Se someterá el nombramiento de nuevos miembros para su órgano rector, entre los que figuran Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y José Joaquín Martínez, miembros propuestos por Abengoa Shares.

El consejo acusa a AbengoaShares de maniobras para mejorar su posición

El consejo de administración de Abengoa ha acusado al grupo de accionistas minoritarios AbengoaShares de maniobrar para mejorar su posición en contra de «los propios intereses de los accionistas en general».

En un informe sobre la situación de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cara a la junta general extraordinaria de marzo, señala que continúa «trabajando y apoyando al equipo directivo de la sociedad en todas las alternativas posibles para alcanzar el objetivo de posibilitar la ejecución de la operación de refinanciación» de Abengoa.

El consejo defiende que las instrucciones impartidas por los accionistas en la junta general celebrada del 17 de noviembre, por la que se adoptó reprobar el plan de reestructuración financiera acordado en agosto, «son contrarias a la ley», por lo que su decisión de «no proceder a su ejecución en sentido estricto resulta plenamente ajustada a Derecho», ya que «está dictada en perjuicio de terceros».

AbengoaShares busca «mejorar su posición, siendo ese intento claramente contrario a los propios intereses de los accionistas en general, dado que de no ejecutarse el plan de reestructuración y llevar a la sociedad a la liquidación, su posición esperable es infinitamente peor que la conferida mediante la ejecución del plan, puesto que su participación en el proceso de liquidación sería nula».

Si los administradores ejecutan las instrucciones, «podrían incurrir en responsabilidad penal (insolvencia punible del art. 259.5ª y 9ª del Código Penal), en responsabilidad concursal (condena al pago del déficit concursal, ex art. 456 de la Ley Concursal) y, en su caso, en responsabilidad civil ex 1902 CC por los daños que sufran los acreedores».

Y avisa que los acreedores que han comprometido la financiación y los avales necesarios para asegurar la continuidad de la entidad y de su actividad económica han manifestado que la retirarán «en caso de producirse un cambio en el consejo que debe ejecutar el plan de negocio actualizado».

La intención de provocar una renegociación de la refinanciación para que la matriz mejore su posición en la estructura de capital «es meramente ilusoria».

 

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