La Junta Europea de Riesgo Sistémico avisa, en el Informe sobre las implicaciones para la estabilidad financiera de las medidas de apoyo adoptadas en relación con el COVID-19 para proteger la economía real, que «cuanto más dure la crisis y más débil sea la recuperación económica, mayor será el riesgo de que las pérdidas del sector no financiero puedan afectar al sector financiero».

Los paquetes de apoyo fiscal relacionados con la pandemia equivalen al 14% del PIB de los países miembros y suponen más de 2,4 billones€. Estos paquetes incluyen avales públicos para préstamos, préstamos públicos, ayudas directas y medidas tributarias. Además, en torno al 5% de los préstamos totales de las entidades de crédito estaban sujetos a moratorias.

«Las diferentes medidas fiscales reflejan, en gran parte, diferentes exposiciones a la pandemia. Los países más afectados por la pandemia tienden a tener programas más amplios, con un uso mayor de fondos, mientras que los que tienen una proporción más elevada de empleo en sectores vulnerables recurren más a las ayudas directas. La aplicación de moratorias está correlacionada positivamente con los niveles de deuda que tenían las sociedades no financieras y los hogares antes de la crisis», subraya el informe.

La Junta destaca que se ha evitado «una crisis de liquidez» y que el sistema financiero
continuó funcionando. Hasta una tercera parte de los nuevos préstamos bancarios a las empresas ha estado sujeta a medidas fiscales relacionadas con la crisis. «Hasta ahora, el aumento de los préstamos dudosos, reestructurados o refinanciados ha sido menor de lo que cabría esperar, dada la magnitud de la perturbación. En general, los efectos de desbordamiento de la economía real al sistema financiero se han mantenido contenidos por el momento», insiste el informe.

Durante esta fase de la pandemia, la Junta Europea de Riesgos Sistémicos cree que las autoridades deberían centrarse en

• i) adoptar medidas fiscales dirigidas a los sectores más afectados,
• ii) hacer un seguimiento de la sostenibilidad de la deuda privada, puesto que
  algunas de las medidas aumentan el endeudamiento de los prestatarios,
• iii) prepararse para un escenario de mayores tensiones en el sector empresarial resolviendo con rapidez los posibles obstáculos administrativos para gestionar los préstamos dudosos y el procedimiento de insolvencia,
• iv) aumentar la transparencia de los balances de las entidades financieras y mejorar la comunicación de información,
• y v) coordinar políticas entre áreas y países.

Las autoridades «tienen que gestionar con cuidado las disyuntivas en torno a la duración de las medidas». «La dimensión de los posibles problemas de solvencia futuros depende del desarrollo de la pandemia, de la evolución de los diferentes sectores y de la idoneidad de las políticas de respuesta», advierte.

«Si se retira el apoyo fiscal demasiado pronto se podrían agudizar los efectos de la crisis económica y poner en peligro la estabilidad financiera. Mantener el apoyo fiscal demasiado tiempo aumentaría las presiones presupuestarias y podría retrasar los cambios estructurales. Para gestionar este equilibrio de forma efectiva es necesario acceder a información fiable e inmediata sobre la situación de la economía y los efectos de las medidas adoptadas», subraya el informe.

La JERS avisa que «está vigilando las medidas que se aplican directamente a
través del sistema financiero (como las moratorias, los avales públicos para préstamos y el seguro de Crédito), así como las medidas de naturaleza fiscal que podrían afectar a la solvencia de los prestatarios, de los emisores y de los inversores». «Entre ellas se incluyen los préstamos de entidades públicas, las ayudas directas, las medidas tributarias y las participaciones públicas en el capital», precisa.