El Banco de España insiste, a través de su director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, en la necesidad de la introducción de instrumentos de reforzamiento de los fondos propios de las empresas, que se debe combinar, en ciertos casos, con medidas de apoyo directo a las que pasan por dificultades financieras pero son viables. Estos instrumentos deben acompañarse con la agilización de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias.

En sendas intervenciones ante las jornadas organizadas por Capital & Corporate y Refinitiv, y en un acto de Cepyme, Óscar Arce deja muy claro que la superación de la crisis de la pandemia va a depender del daño estructural que ésta cause. Para reducir ese impacto, cree que los estímulos deben enfocarse hacia los más afectados por la pandemia.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) son una herramienta «muy útil» para mantener el empleo ante shocks temporales, pero menos efectiva ante efectos persistentes de la crisis, por lo que la ayuda a los trabajadores afectados ha de ser compatible con iniciativas de formación y con el desarrollo de mecanismos de flexibilidad que da el marco jurídico laboral.

Respecto al apoyo a empresas, hay que abordar el desplazamiento de los problemas desde la liquidez hacia la solvencia, para lo que propone la introducción de instrumentos de reforzamiento de los fondos propios. Y, en ciertos casos, medidas de apoyo directo a empresas con dificultades financieras pero viables. Especialmente, en las empresas más pequeñas.

Preanuncio de la estrategia para volver a la consolidación fiscal

Una vez superada la pandemia, hay que poner el foco en la transformación estructural de la economía. Óscar Arce reclama la reconducción del déficit y la deuda pública mediante el diseño de una estrategia plurianual de consolidación presupuestaria con medidas detalladas, que incorporen una «revisión profunda» de ingresos y gastos para reorientarlos al crecimiento y que sea «preanunciada cuanto antes para maximizar su credibilidad».

Y el establecimiento de una agenda «ambiciosa» de reformas estructurales que aborde los principales aspectos de disfuncionalidad de la economía, tales como la corrección de la dualidad del mercado laboral (fijos y temporales) que homogeneice el grado de protección de los distintos grupos de trabajadores, la mejora del capital humano, con una revisión profunda del sistema educativo, o la eliminación de los obstáculos al aumento del tamaño empresarial.