En las elecciones catalanas participó apenas el 54% por ciento del censo, una cifra que no se corresponde con un sistema democrático con mecanismos de voto a la altura de las capacidades tecnológicas de hoy en día. En algún momento los partidos políticos en presencia deberían desprenderse del pelo de la dehesa y pensar en mecanismos más eficientes para facilitar la participación en las elecciones. Daba grima ver las colas en las oficinas de correos para evitar hacer colas en los colegios electorales.

Pero el problema de fondo sigue siendo la ley electoral que rige en nuestro país, que pone en evidencia el principio de una persona, un voto. Las diferencias que hay entre los cuatro distritos electorales provinciales, y dentro de cada uno de ellos, deberían de una vez llamar a meditación. Queda tiempo por delante para las elecciones autonómicas de régimen común, para las municipales y para las nacionales como para plantearse esta reforma con serenidad y calculadora, para acabar con las flagrantes desigualdades del sistema.

Voy a detenerme, con permiso del lector (espero) en el detalle de lo que pasó con el voto ciudadano el pasado domingo. En la provincia de Barcelona, con un censo prácticamente de 4 millones de electores, votó el 53,7 por ciento. El partido ganador, el PSOE, obtuvo algo más de medio millón de votos, que le reportarán 23 escaños. Ha necesitado 23.035 votos por escaño. El partido con menos escaños, el PP, ha necesitado 28.580 votos para obtener cada uno de sus tres escaños. Cada escaño le ha costado cinco mil votos más.

En Gerona, el ganador, Junts perCat., ha necesitado 12.824 votos para obtener cada uno de sus siete escaños, en tanto que Vox ha necesitado 16.917 votos para su único escaño, más de 4.000 votos más. En el caso de Lérida, el vencedor necesitó 8.491 votos para cada escaño y JunsperCat., con el mismo número de escaños, debió recoger 500 votos más por cada escaño obtenido. Lo mismo ocurre con los que obtuvieron un solo escaño. La CUP necesitó 11.812 votos, mientras Vox sólo 8.839.

Y en el cuarto distrito electoral, Tarragona, se repite la desigualdad. El primero, ERC, empleó 13.580 votos para conseguir cada uno de sus cinco escaños y entre los tres grupos que solo consiguieron un representante, a la CUP le exigió 18.831, a Ciudadanos, 14.504 y a Podemos,13.615. Son los datos oficiales que repiten el esquema de desigualdad que prima en todo concurso electoral desde los albores democráticos. Entre los 23.035 votos que lleva en su mochila al Parlamento un socialista ganador en Barcelona y los 8.491 votos que lleva uno de ERC, también ganador, por Lérida hay una diferencia grosera y difícilmente admisible. Y en cada elección del rango territorial que sea, la cantinela es la misma, los que se sienten perjudicados exigen un cambio en la ley electoral y los beneficiados, miran para otro lado. Sin reparar, unos y otros, en que la pésima ley electoral que rige nuestra representación política perjudica a todos y, además lo hace desigualitariamente.

Ya no es un problema de listas cerradas y bloqueadas, que resta verdadera capacidad de decisión a los ciudadanos, es también un problema de distritos electorales que discriminan a los propios políticos en liza. Me parecería más equitativa una rifa o un bastanteo de feriantes que esta absurda forma de votar, más cercana a una subasta que a unos comicios.