Clemente Fernández

Abengoa parece abocada a la liquidación, que implicará la venta de los activos más valiosos para pagar deudas que suman más de 6.000 millones de euros. La convulsa trayectoria de los últimos años de esta compañía energética y de ingeniería culminó la noche de este lunes 22 de febrero con la decisión tomada por parte del consejo de administración -formado solo por dos personas: Juan Pablo López-Bravo y por Margarida Smith- de solicitar el concurso de acreedores para la matriz.

Antes sucedieron semanas de desacuerdos con los acreedores que se negaron a aceptar la enésima prórroga para ratificar e implementar el plan de salvación del grupo y que han desembocado en el concurso más cuantioso de últimos 20 años, precedido por Martinsa Fadesa, mientras que supera la de Reyal Urbis.

En este escenario, marcado también por las divergencias entre accionistas y por las sucesivas juntas de accionistas para intentar hacerse con el control, un grupo de minoritarios agrupados en la plataforma AbengoaShares (que ha tenido un gran protagonismo en los acontecimientos de la compañía andaluza) no se resigna al futuro que espera al grupo.

Este colectivo, que dirige Clemente Fernández (antiguo presidente de Amper), esgrime que es preciso esperar a que se celebre la junta de accionistas convocada para el 4 de marzo, en la que esperan recuperar la gestión. Critican, asimismo, que el consejo haya optado por el concurso cuando el plazo se prolongaba hasta el 14 de marzo (fecha en la que expira el preconcurso de acreedores).

Si bien la plataforma cuenta ya con una hoja de ruta, y argumenta que son necesarias inmediatas negociaciones con el que sería el nuevo consejo con el Gobierno. Objetivo: que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) forme parte de la solución, en especial, de Abenewco I, la filial que ha recogido los activos más valiosos.

La posible operación no es fácil. La compañía está de hecho en manos de la banca, como garantía de la deuda. Hay más: la crisis de Abengoa no está relacionada con el Covid-19, es anterior; y el objetivo de los fondos que gestiona la SEPI está centrado en las compañías, como las aéreas y turísticas que se han visto peligrar su supervivencia  por la pandemia. A estos problemas se añade la falta de apoyo de los acreedores, en parte liderados por Santander.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este martes que el Gobierno ha hecho «sus deberes y tareas» para ayudar a mantener la viabilidad de la empresa. Por el contrario, ha asegurado que otros protagonistas, como la banca y la Junta de Andalucía, tienen que explicar porqué no han estado en ese mismo grado de compromiso» que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores

El plan de salvación acordado entre la compañía, cuando estaba presidida por Gonzalo Urquijo, y los acreedores contaba con el apoyo público a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) y el Cesce. En conjunto se trataba de créditos bancarios por 230 millones avalados por el ICO, que se unían a un préstamo de esta entidad pública, así como avales hasta 300 millones de euros del Cesce. Un obstáculo para culminar el plan consistió en la negativa de la Junta de Andalucía a avalar un préstamo por 20 millones de euros, sobre la bases de que no contaba con el mecanismo legal para aprobar la transacción.