Banco Santander mantenía una provisión de 496 millones€ para procesos de naturaleza fiscal y legal como procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos iniciados contra la entidad y pendientes de solución definitiva al cierre de 2020, cinco millones menos en 2019.

Entre los principales litigios legales que afectan a Santander, destacan las reclamaciones asociadas a la venta de seguros de protección de pagos (PPI) por Santander UK a sus clientes en Reino Unido. La entidad acumula 4,6 millones de reclamaciones, independientemente de que Santander UK incurra en responsabilidad, y tiene provisionados por este concepto 76 millones de libras (85 millones de euros), pero no hay realizado provisiones adicionales durante 2020.

También está el conflicto con Delfoca, a la que reclama 66 millones por impago de los equity swaps contratados sobre acciones de Colonial, mientras que esta sociedad y Mobiliaria Monesa demandan al banco la devolución de 56,8 millones que recibió por ejecución de la garantía pactada a cuenta de la liquidación indicada.

En cuanto a la condena que obliga a Santander a pagar a antiguos empleados de Banco do Estado de São Paulo (Benespa) gratificaciones desde el año 1996, Santander interpuso una acción de rescisión para suspender la ejecución de la sentencia, pero el recurso fue inadmitido. Sus asesores legales externos califican el riesgo como «probable», pero la entidad asegura que las provisiones registradas se estiman «suficientes» para cubrir los riesgos.

También se estiman suficientes las provisiones para cubrir los riesgos asociados al  Banco Popular, aunque la entidad reconoce que «no es posible prever el total de las reclamaciones que podrían presentarse por los antiguos titulares de acciones e instrumentos de capital ni sus implicaciones económicas» y que, si hubiese que abonar cantidades adicionales por reclamaciones ya planteadas con interés económico no determinado o por nuevas reclamaciones, «podría producirse un efecto adverso significativo en los resultados y en la situación financiera de Grupo Santander».

Santander también informa en su documento anual de que la investigación sobre la titulización de préstamos para automóviles y prácticas crediticias responsables de los fiscales generales de los estados de California, Illinois, Oregón, New Jersey, Maryland y Washington se cerró tras llegar a un acuerdo el 19 de mayo de 2020, sin impacto significativo para el grupo.

A 31 de diciembre de 2020 Santander Securities LLC había recibido 770 demandas de arbitraje de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) de Puerto Rico relacionados con la comercialización de bonos emitidos por entidades públicas y asimiladas, así como fondos cerrados en Puerto Rico. Un total de 141 casos siguen abierto, pero el Santander considera que las provisiones registradas para este asunto son suficientes.

Otros litigios a los que hace referencia el banco en su informe son los relativos a las cláusulas suelo y al índice IRPH. Tras atender la mayor parte de las solicitudes de clientes, la potencial pérdida residual asociada a procedimientos judiciales en curso por cláusulas suelo se estima en 51 millones de euros, un importe que está cubierto íntegramente con provisiones.

El importe pendiente de pago de los préstamos hipotecarios a personas físicas, referenciados a IRPH y recogidos en el balance del grupo asciende aproximadamente a 3.052 millones€.

Litigios fiscales

Los principales litigios de naturaleza fiscal que tenía a cierre de 2020 estaban en su mayoría relacionados con su actividad en Brasil. Tiene un riesgo de 821 millones€ que corresponden a litigios íntegramente provisionados. Además, cuenta con otros litigios por importe de 2.972 millones de euros, pero que no tiene dotados al calificarlos como pasivo contingente.

El Santander cuenta con una acción legal por Sovereign Bancorp (actualmente Santander Holdings USA), por la que está reclamando su derecho a obtener un crédito fiscal en el extranjero por los impuestos pagados fuera de Estados Unidos en los ejercicios fiscales de 2003 a 2005, así como los gastos de emisión y financiación conexos.

En Europa, Banco Santander ha recurrido ante las instancias europeas las decisiones de la Comisión octubre de 2009 y de 2011, en las que se declara que la deducción del Impuesto sobre Sociedades relativa a la amortización del fondo de comercio financiero constituye una ayuda estatal ilegal.