El plazo medio de pago a proveedores se ha situado en los 77 días tanto en el sector público como en el privado, según el informe sobre 2020 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). En el caso del sector público aumentó en 7 días, muy lejos de los 30 días contemplados en la Ley. Y en el privado, 4, también alejados de los 60 días máximos que establece la normativa.

Las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones€) son las que más tardan en pagar a sus proveedores. Solo el 19% pagan dentro del plazo legal (30 días), mientras el 45% supera los 90 días. «El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez», señala el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

La Plataforma avisa del aumento «peligroso» del 74% de los impagados, que suponen el 5,4% del total, muy cerca del dato de 2014 (5,7%). Y denuncia que el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores está haciendo retroceder éstos a los niveles registrados en 2015 (por parte de las AA.PP.) y en 2016 (en el sector privado).

«Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era poscovid-19 en el que nos encontramos inmersos»,señala  el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. Estas sanciones a las empresas morosas deben servir para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos.

El 16% de los proveedores ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos, según la Plataforma. Y el 48% cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021.