Todavía no se ha escrito la última máquina en el pulso que mantienen ACS y Iberdrola. El siguiente asalto se derimirá en los tribunales el próximo 19 de octubre, dentro del proceso judicial abierto desde hace casi dos años y en el que está en juego el número de representantes que ACS debe tener en el consejo de administración de la eléctrica, al ser el accionista mayoritario (posee el 19% del capital social de Iberdrola).

El 19 de octubre tendrá lugar la vista previa de la demanda de impugnación que ACS presentó contra algunos de los acuerdos de la última junta de Iberdrola, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Bilbao, y será precisamente el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao el que tome la decisión. Cabe recordar que la sede social de la eléctrica se encuentra en Bilbao. En dicha junta, los accionistas aprobaron varias modificaciones en los estatutos de la compañía que, entre otras cuestiones, reducía el número máximo de consejeros a 14.

Florentino Pérez, presidente de ACS, explicó tras la junta de accionistas de este año que estaba dispuesto a llegar hasta el Tribunal Supremo para defender su «legítimo derecho» de estar en el máximo órgano de gestión de Iberdrola, ya que como accionista mayoritario su interés se centra en colaborar en el crecimiento y rentabilidad de la compañía que preside Ignacio Galán junto al resto de los accionistas. Sin embargo, el presidente de Iberdrola insiste en que si impide el acceso de ACS al consejo de la compañía es porque está «plenamente justificado» dado que ACS es un competidor, además de accionista, lo que podría suponer un «conflicto por fuga de información».

Esta nueva disputa judicial se abre mientras aún permanece a la espera de resolución la demanda que ACS había presentado sobre algunos acuerdos de la junta de accionistas celebrada en 2010 ante la Audiciencia Provincial de Bilbao. Dicha demanda fue desestimada a principios de este año, y se encuentra pendiente de la resolución del recurso posterior de la constructora.

Pero no es el único recurso que aún se encuentra pendiente de resolución. Ambas compañías han llegado al Tribunal Supremo en su contienda tras la ley «antiblindajes» que entró en vigor el 1 de julio de 2011.

La vista del próximo día 19 supone así un nuevo paso en la ‘batalla’ judicial que ACS e Iberdrola mantienen desde hace casi dos años, en la que el grupo de construcción y servicios defiende que tiene derecho a contar con representación en el consejo de la eléctrica, mientras que la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán se opone, al asegurar que se trata de una empresa competidora en varios de sus negocios.