El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe respetar la normativa sobre participación pública y sobre el impacto medioambiental para que la reconstrucción económica tras la pandemia se haga con estricto apego al estado de Derecho, afirma el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) en el informe “El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Estado de Derecho: Implicaciones Ambientales”.

No es un problema únicamente español, ya que otro informe del Instituto llega a conclusiones muy similares sobre el proceso europeo, que conlleva la elaboración de estos planes en los Estados miembros de la Unión Europea.

La revisión al Plan español resalta que el proceso de elaboración del mismo no está siendo transparente ni se están articulando cauces de participación pública. El Convenio de Aarhus precisa que por el hecho de que los proyectos que se ejecutarán inciden sobre el medio ambiente, ya requieren llevar a cabo consultas públicas, lo cual no se está produciendo.

Tampoco se está sometiendo el Plan de Recuperación a Evaluación Ambiental Estratégica, a pesar de lo exigido no solo por la Ley a la Ley de Evaluación Ambiental así como por la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica.

“La transparencia y la participación pública son dos elementos fundamentales de la democracia, y sin ellos la ciudadanía no tendrá un sentimiento de pertenencia hacia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La respuesta económica a la pandemia de la Covid-19 no puede realizarse a costa del estado de Derecho en materia ambiental y más aún cuando este Plan tiene que contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde de la UE”, afirma la directora de IIDMA, Ana Barreira.

En este informe, se analizan también aspectos del Real Decreto Ley para la ejecución del PRTR, como es la modificación que facilita la exclusión del trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA) a una categoría de proyectos, financiados con los fondos europeos, al establecer “circunstancias excepcionales” para no someterlos a este procedimiento.

Para IIDMA, la medida contraviene el Derecho de la UE, que permite la excepcionalidad en cada caso particular, pero no permite excluir un bloque de proyectos, aun cuando se trate de “meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes”.

Además, bajo el argumento de dar mayor seguridad jurídica ese Real Decreto Ley hace modificaciones a la Ley de Evaluación Ambiental, reduciendo plazos de algunos de los trámites de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica, incluyendo plazos para las consultas públicas producidas en el marco de dichos procedimientos. Se advierte de que esos plazos no se corresponden con los que, por ejemplo, da el Comité de Aarhus para la revisión de casos dentro de este procedimiento, lo que abre la puerta a futuros problemas.

En otro informe, el IIDMA resalta que los Planes de Recuperación y Resiliencia de los Estados miembros de la Unión Europea no se están realizando conforme a lo exigido sobre  participación pública y de Evaluación Ambiental Estratégica, a pesar de que así lo requiere el ordenamiento jurídico de la UE.