El Consejo de Ministros ha aprobado el Estatuto General de la Abogacía Española, que entrara en vigor el 1 de julio y que sustituye al vigente que data de hace 20 años. El nuevo Estatuto se adapta a toda la legislación posterior como las leyes de transposición de la Directiva de Servicios, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y de sociedades profesionales.

Introduce la obligatoriedad de que los consejos y colegios de la abogacía ofrezcan una difusión de sus servicios y de su trabajo a través de su web, y somete el gobierno de éstos «a los principios de democracia, autonomía y transparencia», según el Ministerio de Justicia.

También recoge el derecho y el deber de los profesionales a la formación continuada y especializada, regula también la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provisión de los órganos colegiales, y promueve la conciliación de la vida familiar y profesional.

Regula los deberes de los profesionales de la abogacía con sus clientes, cumpliendo no solo con el de atención de manera diligente en el asesoramiento o defensa, sino también con obligaciones de transparencia.

Para los consejos y colegios, se pone en marcha la ventanilla única de los colegios, para ofrecer, de forma clara y gratuita, información a los consumidores y usuarios. Destaca también la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados, así como su constante mejora.

Otro punto clave es el nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria, mediante el que la organización colegial vela por la ética y la dignidad profesional y por el derecho de los particulares, recogiendo sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones.

«Día de fiesta» para el Consejo General

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, aplaude el nuevo Estatuto, que regula las condiciones de colegiación y otros aspectos como la publicidad, el secreto profesional o las actuaciones telemáticas de los letrados.

«Hoy «es día de fiesta» por la aprobación de un proyecto que comenzó su andadura en 2013 y que coloca a los abogados españoles «a la vanguardia de las abogacías europeas».

Victoria Ortega destaca la regulación del secreto profesional, la puesta al día en el ámbito de la formación, que será continuada de forma obligatoria, y la exigencia de que la labor de los abogados se rija por los principios de transparencia y responsabilidad en la relación con los clientes -en relación con los costes y la posibilidad de obtención de resultados- y también de cara al exterior, a través de la elaboración de memorias de actividad de los colegios. También resalta la regulación de las actuaciones de los abogados por vía telemática

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, califica al Estatuto de «moderno y adelantado a su tiempo», y resalta la importancia de la regulación del secreto profesional, puesto que a los abogados de empresa se les venía a negar su condición de defensores de este derecho y se les reconoce la misma protección que al resto de abogados.

El Consejo General destaca también que regulen las sociedades profesionales y se reconozca la capacidad de interlocución directa de los colegios frente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto de las vulneraciones que puedan cometer los jueces frente a los abogados.

En cuanto a la publicidad, Victoria Ortega precisa que ésta será libre, aunqjue se regulan las circunstancias en las que no se permite, como en circunstancias delicadas como puede ser la de un accidente o una pandemia. «Tampoco se pueden dar por ganados los asuntos ni hacer publicidades que no se ajusten a la realidad», apostilla.