Las aguas siguen turbulentas entre Repsol y Sacyr, tras el acuerdo de la constructora con la petrolera mexicana Pemex. La pasada semana ambas compañías reunieron a sus respectivos consejos de administración y el enfrentamiento va en aumento. Este martes, Repsol ha decidido acudir directamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para pedir que abra una investigación a fin de aclarar los movimientos de sus acciones durante los pasados meses de agosto y septiembre. La compañía que preside Antonio Brufau considera que se registraron volúmenes de contratación “anormales e inusuales” después de que sus socios mayoritarios sellaran el pacto para sindicar su voto.

En el trasfondo se encuentra que Sacyr y Pemex poseen el 29,8% del capital social de Repsol y que sólo se necesita que ambas empresas se decidan a adquirir el 0,2% para presentar una oferta pública (OPA) sobre el 100% de la compañía, algo improbable de momento ya que Sacyr, de momento, está en plenas negociaciones para refinanciar su deuda de 4.600 millones contraída con 40 entidades financieras para adquirir el 20% de Respol. Sacyr está más interasado en tener mayor número de consejeros en la petrolera, además de intentar de desbancar a Antonio Brufau como presidente.

La solicitud a la CNMV fue presentada por la comisión de Auditoría y Control de Repsol YPF, formada por consejeros independientes (Ángel Durández -presidente de la comisión, Paulina Beato y Javier Echenique), ante la CNMV, y en el escrito se especifica que se investigue en especial “cualquier operación anormal o inusual sobre las acciones de Repsol que se realice o se haya realizado durante los meses de agosto y septiembre de 2011″. De esta forma, los consejeros cumplen el mandato del consejo de administración celebrado el miércoles de la pasada semana.

Y para la apertura de la investigación alegan como argumento el elevado volumen de negociación de acciones que ha tenido lugar desde el pasado 29 de agosto, así como el también elevado volumen y saldo de títulos prestados el 23 de septiembre pasado y que haya sido Credit Agricole el intermediario en las operaciones. Pero también se pide a la CNMV que tengan en cuenta las “circunstancias excepcionales” que afectan en la actualidad a las negociaciones de las acciones de Repsol.

Por tanto, la petición afectaría a toda la operativa bursátil de las acciones de la compañía en dichos meses, lo que supone analizar todas las operaciones de compra y venta de títulos, negociaciones en bloque o préstamo de valores para la contratación de productos.

El consejo de administración de la petrolera intentó la pasada semana que el pacto entre Pemex y Sacyr quedara sin efecto, argumentando la necesidad de “blindar” la tecnología de la compañía y que se tenga en cuenta que Pemex no deja de ser un competidor en los mercados internacionales, por lo que no puede tener al alcance de su mano toda la información de la compañía, en especial su estrategia de negocio o sus apuestas tecnológicas.

Sin embargo, estos argumentos no han parecido convencer a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ante la que recurrió Repsol. Su recurso de amparo fue rechazo por la institución reguladora por entender que no se ponía en peligro la españolidad de la empresa, que según las nuevas normas recogidas en la Ley de Economía Sostenible sería el único motivo por el que podría tomar cartas en el asunto. Un argumento similar al utilizado posteriormente por el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián.

El consejo de administración de Repsol constató que lo único que puede hacer es endurecer las condiciones sobre la presencia de sus competidores (Pemex) y las operaciones vinculadas, además de abrir por la vía jurídica todas las acciones oportunas para defender los intereses de la compañía.