Dice el refranero popular eso de “dime de qué presumes y te diré de qué careces». Un aforismo que parece cantado a la medida de este gobierno que hace bandera de la transparencia con la boca para ser el adalid de la ocultación y la mentira.

Situación ésta que ha ocurrido, una vez más, con el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de gestión de los fondos europeos, que Pedro Sánchez y su equipo ocultaron al Parlamento y a la opinión pública durante dos meses y medio, rompiendo las más elementales regla democráticas, en el que este órgano consultivo expresaba su profunda inquietud por la falta de mecanismos democráticos y administrativos en la gestión de los fondos europeos de Reconstrucción y Resiliencia.

Palabras que en román paladino significan que existen fundadas sospechas de que el Gobierno quiera malgastar esos 140.000 millones de euros de dinero público en beneficio de su red clientelar y para el pago de favores a afines y allegados.

De hecho, el Consejo de Estado, que recordemos preside María Teresa Fernández de la Vega, la que fuera vicepresidenta del Gobierno en el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, no puede ser más explícito en sus conclusiones al resaltar “graves insuficiencias” y su “preocupación” por la supresión o reducción de mecanismos de control en materias especialmente sensibles como la tramitación de los proyectos, los convenios y la adjudicación de las subvenciones. Al tiempo que alerta sobre la ausencia de un análisis riguroso sobre el impacto presupuestario de la gestión de los proyectos para “preservar la rectitud en la gestión de los ingresos y gastos públicos”.

Ha tenido que ser el propio Consejo de Estado el encargo de desvelar el contenido de su informe que pone al descubierto por qué este gobierno, el mismo que ha anulado el Portal de Transparencia, lo ha tenido secuestrado desde 21 de diciembre, a pesar de las peticiones de publicidad reiteradas en el Congreso por los principales partidos de la oposición que, incluso, dedicaron una sesión de control de manera casi monotemática a este asunto.

Cierto que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes sino consultivos, pero este organismo, presente ya en el reinado de los Reyes Católicos bajo los nombres de Consejo Supremo de la Corona de Aragón y Consejo Supremo de la Corona de Castilla y que cuesta 17 millones de euros anuales a los españoles, tiene como misión auxiliar ·en el proceso de formación e la voluntad del Gobierno, contribuye a la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines y participa de modo muy relevante en el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria”. Y ninguno de todos los gobiernos que se han sucedido en España desde la Transición le había ninguneado y relegado en la forma que lo ha hecho el que preside Pedro Sánchez.

Eso y que, una vez conocido el informe, desde la oposición o desde otros organismos representativos de la sociedad civil se dé traslado de su contenido a la Comisión Europea y al resto de los Gobiernos de la Unión, ya de por sí bastante recelosos con el Ejecutivo socialpopulista, instando a tomar controles y a exigir condiciones muy estrictas para el traslado de los dineros hasta España, si es que no deciden retrasarlos o pararlos.

Y Vox, que ha sido cómplice necesario para entregar a Sánchez el manejo de la mayor cantidad de ayudas recibidas nunca por España, ¿qué dice de todo esto? Me lo expliquen.