Una decena de manifestaciones, durante las cuales una de las plataformas, Glovo, interrumpirá su servicio, tratan de frenar en el último minuto la “inminente” regulación anunciada por el Gobierno, que convertirá en asalariados a los hasta ahora autónomos, que trabajan en el reparto a domicilio.

Las manifestaciones coinciden con la última reunión programada para esta tarde, del trío de representantes, que, incluyendo al Gobierno, preparan la regulación que dará carpetazo a la figura del autónomo —“falso autonomo”, según el Tribunal Supremo — en el sector del reparto a domicilio mediante plataformas digitales.

Empresas como Deliveroo, Glovo, Uber Eats y otras se oponen a la regulación del Gobierno, junto a los agentes sociales, ultima a fin de regular un sector convulso en los últimos años, que ha generado diversas disputas judiciales y resoluciones de la Inspección de Trabajo, contrarias a las compañías en la mayor parte de los casos.

Glovo, una de las empresas que suscitó la sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a ordenar la cuestión, ha anunciado que suspenderá hoy su actividad en las zonas próximas a las manifestaciones, organizadas por dos de las organizaciones que se oponen a la asalarización; esto es, Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos, informa Europa Press.

Una decisión de Glovo de interrumpir su actividad que recibió inmediatas críticas de UGT, el sindicato que participa en las conversaciones con el Gobierno, y que, tras tildar de “cese de actividad” el anuncio de Glovo de parar los repartos, acusó a la empresa de tratar de “obligar” a los repartidores a acudir a las protestas contra la próxima regulación del Gobierno.

‘Riders’ partidarios de la autonomía

Por su parte, las asociaciones que defienden la actual legislación aducen que la conversión en empleados cercenará un modelo que les permite elegir sus horarios, rechazar pedidos y adecuar su actividad de una forma más flexibles.

Sin embargo, los sindicatos, los jueces y el Gobierno alegan que, con el modelo actual, los repartidores carecen realmente de esa capacidad de elegir, puesto que Glovo, Deliveroo y el resto de plataformas penalizan a los repartidores que no están disponibles en determinadas franjas, y les obligan a asumir costes y perder derechos que debería asumir la empresa.

A estas voces se ha unido la del exdiputado Carles Campuzano, antiguo miembro de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, quien, en un reciente artículo en Cinco Días, criticó la regulación que prepara el Gobierno, y defendió las iniciativas legislativas llevadas a cabo en Francia e Italia, que han sabido encontrar un punto intermedio entre la flexibilidad que requiere la nueva economía digital y la protección de los derechos de los trabajadores, expuso.

Además, el exdiputado convergente criticó la figura del real decreto ley que utilizará el Gobierno para regular la cuestión, por hurtar un debate sosegado al Parlamento, e incluso que la iniciativa se aborde tras una sentencia judicial del Supremo, lo que invierte el orden natural del asunto, que debiera ser, sostuvo, que el legislativo haga la norma, y los jueces velen por su cumplimiento.

Sin embargo, el Ejecutivo no parece dispuesto a desaprovechar la oportunidad de legislar sobre la cuestión, una vez que la sentencia del Tribunal Supremo ha obligado a la empresarial CEOE a definir su posición y aceptar finalmente que los ‘riders’ deben ser asalariados.

Ahora bien, el “inminente” real decreto ley que prepara el Ejecutivo, según dijo ayer un alto cargo del ministerio de Trabajo, deja intactos algunos asuntos que, tanto el Gobierno como los sindicatos, querían regular.

En pos del acuerdo, el Ejecutivo ha debido renunciar a dictar normas que regulen el ámbito laboral de todas las plataformas digitales. Y debe conformarse con ordenar el sector de reparto. Y eso a pesar de que, inicialmente, la intención del Ejecutivo era amparar a todos los falsos autónomos.

A cambio, las plataformas deberán desvelar cómo se reparte el trabajo a través de unos algoritmos, cuyas tripas se hayan en el centro de la disputa. Los sindicatos piden conocer qué normas se aplican en la distribución de las tareas y la valoración de los ‘riders’. Y las empresas tratan de hurtar esa información, alegando que se trata de un secreto empresarial.

Todo indica que las plataformas deberán ceder y revelar algunos elementos de esos algoritmos, para demostar que respetan las normas de no discriminación. Y aceptar la creación de un ámbito de seguimiento tripartito, un observatorio, que emita un informe anual sobre el desarrollo de las plataformas en España, y analice su respeto al orden laboral.