La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado, con fecha 26 de febrero de 2021, un expediente sancionador contra Funespaña, la filial de servicios funerarios del grupo Mapfre, por no haber notificado la operación de compra de la funeraria Alianza Canaria.

Esta práctica, conocida en el argot de competencia como “gun jumping”, supone un incumplimiento del artículo 9, apartado primero, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), que establece la obligación que tienen las empresas de notificar a la CNMC una concentración antes de ejecutarla.

El 19 de noviembre de 2020, la CNMC requirió de oficio a Funespaña la notificación de la compra de Alianza Canaria, dado que superaba el umbral de cuota de mercado que establece la Ley para que las empresas notifiquen una operación de este tipo.

Los umbrales se cumplían, al menos, en el mercado minorista de servicios de tanatorio en San Bartolomé de Tirajana, de acuerdo con las definiciones de mercado vigentes en los precedentes del sector funerario en el momento de ejecución de la operación.

El 2 de marzo de 2020, después de analizar la operación, la CNMC  autorizó en primera fase sin compromisos, la citada compra por parte de Funespaña (C/1155/20 Funespaña/Alianza Canaria), objeto ahora de un sancionador por incumplimiento del deber de notificación.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un período máximo de 3 meses para la instrucción del expediente y su resolución por la CNMC.

Más obstáculos para la fusión con Albia

Este expediente de Competencia complica la fusión con Albia, la filial de servicios funerarios de Santalucía, anunciada el 5 de junio de 2019 y que en encuentra ya en una investigación de «segunda fase».

Esta operación siempre provocó los recelos de la CNMC, que detecta «riesgos para la competencia en el mercado (mayorista y minorista) de la prestación de servicios funerarios, y en el mercado de seguros de Decesos».

Competencia acusa a las dos empresas de la presunta ejecución de varias operaciones de concentración notificables sin contar con la preceptiva autorización previa (lo que se conoce como ‘gun jumping’), de coordinación previa y de suministrar “información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa”.

El 19 de febrero, la CNMC decidió analizar en segunda fase la operación de compra de Jordial por Albia (C/1162/21 ALBIA/JORDIAL), debido a los obstáculos que pueden existir para mantener la competencia en los mercados mayoristas de servicios funerarios, en los que las compañías de seguros de Decesos y de servicios funerarios contratan de manera individualizada los servicios que no pueden prestar directamente cuando carecen de suficientes instalaciones.

Competencia argumentaba que la operación fortalece la capacidad de la aseguradora Santalucía, propietaria de Albia, de prestar intragrupo los servicios funerarios de sus clientes. Además, como consecuencia de la operación C/1086/19 SANTA LUCIA/FUNESPAÑA, potencialmente también reforzaría los de Mapfre

Y recordaba que la operación entre Albia y Funespaña ya se encontraba en «segunda fase».

Competencia bloqueó la fusión entre Rastreator y Acierto

Los reparos de Competencia no son nuevos para Mapfre, y provocaron que se paralizara la integración de los comparadores Rastreator y Acierto, promovida por la aseguradora (que participaba accionarialmente en el primero con un 25%) el 30 de abril de 2019. El 24 de diciembre se anunciaba la ruptura de la operación, precisamente por la oposición de la CNMC.

El 29 de diciembre de 2020, Admiral, accionista mayoritario de Rastreator, decide vender éste y otros comparadores a RVU por 560 millones€. En la operación, Mapfre se deshace del 25% en Rastreator y del 50% en Preminen Price Comparison, el holding tecnológico de los comparadores, con enormes plusvalías (la inversión inicial fue de 3,3 millones), pero todavía no contabilizadas hasta que no se cierre oficialmente la operación.