Debo iniciar mis reflexiones justificando el título, para que no haya errores de interpretación y para que algunos, aliviados, puedan dejar la lectura al terminar este párrafo. Uno de los sentimientos, traducido a hechos, más excelso del genio humano es la justicia. Tan brillante, que desde las más remotas civilizaciones pusieron el máximo empeño en su administración y en la creación de leyes y códigos que dieran amparo al concepto de lo justo en prácticamente todas las facetas de la vida. Entonces, ¿por qué justicia miserable? Sencillamente, porque voy a hablar de un espacio, España y de un tiempo, el que discurre y de una manera de afrontar la administración de un bien tan preciado. Y aquí si que cabe cualquier calificativo desconsolador que se nos ocurra.

Voy a empezar por lo material, porque es la más fácil de explicar y, al mismo tiempo, lo más revelador de la situación de miseria en la que se encuentra la administración de Justicia. El Ministerio está dotado este año con 2.048 millones de euros para la política de justicia, de los cuales, los gastos de personal consumen el 79 por ciento, es decir, 1.618 millones de euros. Si la situación fuera medianamente admisible, parecería que el capítulo de inversiones tendría una importancia menor, pero como no es así, como los juzgados son más parecidos a la exuberancia selvática de papel que tan bien retrata E. L. Doctorow en su divertidísima  Homer y Langley,  que a una oficina de cualquier pequeña o mediana empresa española, pues los miserables 149 millones de euros, destinados a lo que de manera rimbombante denomina el Ministerio “modernización tecnológica del sistema” es una absoluta nadería. Valga como ejemplo que el Consejo Superior de Deportes contará con un presupuesto este año de 251 millones y la Mancomunidad de los Canales de Taibilla dispondrá de 178 millones, ambos organismos, por supuesto, honorables y necesarios.

Pero la miseria de la justicia tiene una importancia mucho mayor en términos ético-jurídicos y sociales. Ya he hablado alguna vez aquí de la indecencia de la situación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Parecía que se había encontrado una vía de solución entre el Gobierno y el mayor partido de la oposición, pero lo que se ha producido es la desnudez de los negociadores frente a la transacción de nombres, sin dar lugar a que sean las Cámaras, en sus respectivas comisiones, las que reciban a los candidatos, los interroguen y analicen su idoneidad formal y, posteriormente, los propongan al pleno para que sean votados. Un método que cumpliría escrupulosamente la Constitución y abriría la Institución a la sociedad toda.

Hay pocas opiniones unánimes entre los juristas. Una de éstas es que una justicia lenta es cualquier cosa, menos justa. Estos días reverbera en las pantallas la puesta en libertad controlada, de un presunto delincuente que ha estado tres años y pico en prisión preventiva a la espera de juicio. Este hecho, de sentencia ex ante no es único, sino relativamente frecuente. Y al margen de las individualidades, es una interpelación severa a la administración de justicia en su conjunto, sin entrar en las maledicencias de unos y otros sobre los procedimientos aplicados a según qué presuntos delincuentes. Y, sobre todo, a los que recalan en la Audiencia Nacional, un tribunal que nació como excepcional para los delitos de terrorismo y económicos de alcance nacional y que ya va siendo tarde para disolverla y restituir exactamente el mandato constitucional.

La administración de justicia es la viga maestra del Estado de Derecho y, al paso que vamos, se va a quedar en una vieja viga de madera carcomida.