Naturgy celebra este martes 9 de marzo junta de accionistas en un escenario marcado por la opa parcial lanzada por el fondo australiano IFM y por las pérdidas del pasado año. La oferta por el 22,69% del capital, que está apoyada por los fondos CVC y GIP (que controlan en conjunto más del 40% del capital) y que han decidido mantenerse en el accionariado de la energética, está condicionando los pasos futuros de la compañía. No en el día a día o en la aprobación de los dividendos previstos, pero sí el plan estratégico 2021-2025 que iba a ser presentado en febrero y que, cuando se lanzó la oferta, estaba en la fase final de negociaciones con los accionistas presentes en el consejo.

La opa depende ahora del Gobierno, y si sale o no adelante la estrategia de la empresa energética podría ser diferente en función de ese movimiento en su capital. La cuestión no concierne únicamente a que IFM alcance el objetivo del 22%, es también en qué medida pudiese pactar estrategias con los otros fondos (más del 63% del capital en total). Si bien el tema también sería competencia de la CNMV y de la CNMC, es central para el Ejecutivo. Queda también por conocer la decisión de La Caixa, primer accionista, y que tiene un peso relevante en la elección del más alto staff.

Naturgy es una incuestionable empresa energética: por sus posiciones en generación y distribución de electricidad y gas en España. Lo es por el papel que tiene por su relevancia en la transición energética, y por la participación en el gasoducto Medgaz, que une la península con Argelia, y que es básico para el suministro del hidrocarburo. El aumento de la presencia en ese activo fue una decisión del presidente de la compañía Francisco Reynés.

Aunque el Gobierno no quiere dar señales de intervencionismo a los inversores internacionales, priorizará, según medios consultados, el futuro de la compañía, que no se vea afectado. La salida de la ministra de Industria Reyes Maroto de la mesa que analiza la opa, y su sustitución por la vicepresidenta Nadia Calviño, no tiene repercusión, añaden. La decisión es una cuestión de Moncloa y del conjunto del Gobierno, con  la excepción de Maroto.

Reynés reafirmó durante la conferencia de analistas con la presentación de los resultados de 2020 (pérdidas de 347 millones tras ajustar a la baja el valor de activos por 1.363 millones), los objetivos de inversión en renovables, más de 1.000 millones en 2021 en España, Estados Unidos, Australia y Chile para culminar la construcción de proyectos en marcha. Y también la estrategia de rotación de activos para seguir generando valor para los accionistas. Ha sido una de las metas desde que llegó a la presidencia en  2018.

A la junta se lleva la aprobación de un dividendo a cargo del ejercicio de 2020 por 0,63 euros por acción, que, unido a los dos anteriores, hace un total de 1,44 euros por título, uno de los más elevados por rentabilidad del Ibex. Cotiza a 21 euros por acción, frente a los 23 euros de la opa.