ATA, la principal asociación de autónomos, ha presentado un plan de resistencia, dedicado a salvar un millón de negocios que facturan hoy la mitad que antes del inicio de la pandemia. La asociación, dentro de este decálogo, reclama que se incluyen las deudas con las Administraciones dentro del programa de quitas y aplazamientos que se dispone a aprobar el Gobierno.

Además, la entidad exige una línea de ayudas directas por valor de 6.000 millones en ayudas, solo para los autónomos. Y eliminar las ventajas que se conceden a las empresas por contar con un plan de igualdad —no obligatorios para los autónomos— en la pelea por los concursos públicos.

A su vez, la federación reclama la prolongación de los ERTE y de las prestaciones por cese de actividad. Y medidas complementarias, como, en materia de pensiones, que los autónomos puedan seguir trabajando mientras cobran su prestación por retiro, en el caso de aquellos que están en situación de cese de actividad.

La federación de autónomos aboga por prorrogar hasta el 31 de diciembre la prestación por cese de actividad en sus cuatro modalidades actuales. Y que se renueve (‘contador a cero’) el derecho a todos aquellos autónomos que han agotado la ayuda, y han sido beneficiarios de la ayuda ordinaria compatible con la prestación desde el pasado 1 de enero.

Asimismo, ATA pide que se prorroguen los los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en todas sus modalidades hasta el 31 de diciembre.

Y exige la puesta en marcha antes del 1 de abril de una línea de ayudas por valor de 6.000 millones de euros destinada al millón de autónomos que han visto reducida su facturación a la mitad por culpa de la pandemia, según sus estimaciones.

La entidad propone que las ayudas directas se canalicen, o bien en transferencias directas, o bien mediante la compensación de cuotas a la Seguridad Social o de impuestos.

En cuanto a los préstamos ICO, la federación exige que se amplíen automáticamente los períodos de carencia y amortización de la línea de prestamos lanzada por el Instituto de Crédito Oficial.

Quita de la deuda con las Administraciones

Y que se transponga de forma inmediata la directiva europea que ordena los procesos de reestructuración y la exoneración de deudas.

Junto a ello, ATA exige incluir los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales y las quitas. “Debería realizarse el mismo proceso de reestructuración de deuda privada que se acuerde y realice por las entidades financieras, con la deuda pública por parte de las Administraciones”, insiste la entidad liderada por Lorenzo Amor.

“Dicho proceso debe hacerse en las mismas condiciones, tanto de período como de cuantía, que en lo acordado en la reestructuración de deuda privada”, reitera.

Por lo demás, la asociación reclama un mayor control sobre la morosidad. Y la creación de un fondo público que evite la morosidad por parte de las Administraciones y empresas públicas.

Deducciones por teletrabajo

En el caso de los impuestos, ATA pide que se faciliten de forma automática las moratorias y aplazamientos de cotizaciones. Y reclama que los autónomos puedean deducirse los gastos asociados al teletrabajo durante la pandemia.

En cuanto a las pensiones, la asociación requiere suavizar el tránsito entre la vida activa y la jubilación. Y demanda que los autónomos mayores de 66 años puedan compatibilizar trabajo y pensión sin condiciones, siempre que hayan estado en cese de actividad durante 2021.

Concursos públicos sin planes de igualdad

En el capítulo de eliminación de trabas, ATA reclama que, puesto que no son obligatorios para autónomos y pymes, las empresas que cuentan con un plan de igualdad, no saquen provecho de ellos en los concursos públicos.

Ayer entró en vigor la obligación de contar con un plan de igualdad en las empresas de más de 100 trabajadores. Y dentro de un año será exigible también para las de más de 50 personas en plantilla.

Según el diseño del Gobierno, recurrido ante el Tribunal Supremo por la patronal CEOE, el hecho de contar con un plan de igualdad concede más puntos a las empresas que compiten por hacerse con un concurso público.

Una circunstancia que ATA considera disicriminatoria hacia los autónomos y pequeñas empresas, que, al no estar obligados a contar con uno de esos planes, pierden puntos en los concursos públicos.

Por lo cual, la entidad, en su capítulo de eliminación de trabas administrativas, arremete contra estos planes que “no son exigibles legalmente” para las pequeñas empresas y autónomos, pero que entorpecen su acceso a los concursos públicos.

Finalmente ATA reclama que los fondos europeos de ayuda frente a la Covid se apliquen en proyectos que fomenten la digitalización y la reorientación y sostenibilidad de pymes y autónomos, “de forma transversal en todo el territorio nacional”.