El Gobierno mexicano ha dado un paso más para la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, que introduce profundos cambios en el funcionamiento del sistema eléctrico de ese país. Con la publicación del decreto en el boletín oficial mexicano, la nueva normativa es ya un hecho -entra en vigor este 10 de marzo- y la única salida que tienen las empresas que se consideren damnificadas, como Iberdrola, irían de la mano de los tribunales

La ley da prioridad en la generación de electricidad a las plantas vinculadas a la entidad pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), que iniciará el proceso de entrada en el sistema, para que, posteriormente, lo hagan las compañías con activos de tecnologías renovables. Es un cambio que, según los expertos, favorece a la petrolera Pemex y a empresas públicas; es ya conocida como la «ley del combustible». Las centrales favorecidas utilizan combustibles fósiles.

Medios jurídicos de ese país prevén una lluvia de demandas por parte de empresas y de inversores nacionales y extranjeros. Con dos posibles vías: acogerse a medidas de amparo antes que les apliquen o esperar a la implementación y mostrar entonces los perjuicios causados. Prevén, asimismo, reducción de inversiones y eventuales salidas de operadores. La ley es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que la remitió a la Cámara de Diputados el pasado febrero.

Iberdrola es una de las más afectadas. Incluso el presidente López Obrador ha mostrado más animadversión, y ha señalado en más de una ocasión que la empresa española fue favorecida por sus predecesores, en especial Felipe Calderón. El presidente de la empresa española, Ignacio S. Galán, ha manifestado que se replantearán inversiones en ese país. Subrayó que si hay decisiones que afectan a los accionistas, lo analizaríamos y tomaríamos las medidas pertinentes».

Considerada como la compañía que suministra energía limpia y más competitiva a las redes o a compañías con el sistema de autoabastecimiento, se enfrentó también a las subidas de los pagos por la utilización de las redes públicas de transporte y distribución. De hecho la empresa se ha acogido a cautelares y ha cancelado un inversión por más de 1.000 millones de dólares en una planta; un cambio radical frente al compromiso anterior por la transición energética y la garantía de suministro de México, con un plan inversor por 5.000 millones de dólares hasta 2025.