Los Gobiernos de todo el mundo, especialmente de economías emergentes, tratan aprovechar unos costes de endeudamiento históricamente bajos, para emitir deuda con vencimientos cada vez mayores -en los últimos años México y Argentina incluso han colocado bonos centenarios-.  Hay que tener en cuenta que en 2015 el 17 % de la deuda de mercados emergentes en divisa fuerte tenía vencimientos de 20 años o más y a principios de 2021 ya era 27%.  Incluso en deuda en moneda local, cuyos vencimientos tienden a ser menores, la proporción de cinco años o más ha aumentado de 11 % al 58%.

Este cambio refleja la creciente búsqueda de rentabilidad adicional de los inversores y un evidente apetito por bonos destinados a proyectos de carácter ambiental, social y de gobernanza (ASG), hasta el punto de poder jugar un papel fundamental en cómo estos gobiernos favorecen que sus economías sean sostenibles.  Al respecto los Gobiernos de las economías de mercados emergentes -la mitad del PIB mundial- están encantados de satisfacer esa demanda y cada vez más reconocen la necesidad de esfuerzos para mitigar el cambio climático.

De hecho, la emisión anual de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad de Gobiernos de emergentes, se multiplicó casi por cuatro en cinco años hasta finales de 2020, llegando a 16.200 millones$.  Este año, en las primeras semanas de enero, Chile ya había emitido el 70% de 6.000 millones$ previstos para 2021 en bonos verdes y sociales.  Antes, en septiembre de 2020, Egipto se convirtió en el primer Gobierno de Oriente Medio en emitir un bono verde.  Recaudó 750 millones$ para financiar o refinanciar proyectos verdes, siendo cinco veces sobre suscrito, con rentabilidad a vencimiento del 5,25 %, por debajo del 5,75 % inicial.

El caso es que el 46% de los 36.800 millones$ de bonos ASG en circulación de mercados emergentes en moneda local muestran vencimientos superiores a diez años y el 41% de 12.900 millones en el caso de denominaciones en divisas fuertes.

Este aumento de emisión de bonos verdes y sostenibles pone de relieve la disposición de los inversores al largo plazo en emergentes y los gobiernos de estos países están teniendo que publicar marcos de sostenibilidad, lo que ayuda a mitigar riesgos políticos. Más aún, estas emisiones pueden tener un impacto equivalente a los bonos Brady tras la crisis de deuda latinoamericana de la década de 1980.  Ya en 2018 Standard & Poor’s citó el riesgo de un huracán cuando recortó perspectivas para la deuda soberana de Turquía.

Efectivamente, a nivel mundial costará entre unos y dos billones de dólares al año limitar el calentamiento global, equivalente a 1 % a 1,5 % del PIB mundial, según la Comisión de Transiciones Energéticas.  Una parte significativa tendrá que ser soportada por las economías emergentes, que es probable que sufran más.  En concreto, según la Universidad de Oxford, para finales de este siglo un calentamiento de 4,3° centígrados por encima de los niveles preindustriales reduciría el PIB per cápita en países como Brasil e India en más del 60%, frente al 45% mundial.  Pero limitar el calentamiento a 1,6 ° C lo reduciría aproximadamente un 27 % en el mundo, con los países tropicales duramente afectados por sequías y patrones alterados de lluvias, mientras que los de latitudes altas, como Rusia, serían ganadores relativos con puertos menos bloqueados por el hielo y más territorio para industrias extractivas y de agricultura. China sufriría pérdidas menores que el promedio, pero sus grandes centros urbanos costeros quedarían expuestos al aumento del nivel del mar.

Ahora bien los inversores, no deben simplemente asignar estas inversiones pasivamente o ser puramente reactivos. Hay que considerar que el impacto a largo plazo de tendencias como cambio climático y desarrollo social pueden afectar a la solvencia y que se añaden a los factores habituales de ciclos políticos, económicos y de materias primas. También hay que supervisar que los ingresos de estos bonos se utilizan según lo previsto.  Por ejemplo, la electricidad por aerogeneradores o solar, si se financia mediante bonos verdes, puede ser más rentable a largo plazo que el carbón, aparentemente más barato, pero extraído de una mina pagada con deuda convencional de mayor rentabilidad.

Además, las consideraciones ASG se reflejan ineficientemente en los precios de los activos en mercados emergentes, pues el mercado está en una etapa temprana de comprensión y aplicación de estos factores.  Faltan datos coherentes y transparentes en muchos países, variando enormemente. Los más ricos son más capaces de tomar decisiones políticas positivas de alto coste, como cerrar minas de carbón en favor de la energía solar.  De manera que invertir solo en base a calificaciones ASG penaliza a los países más pobres, aunque estén aplicando políticas para mejorar. Por ejemplo, por nuestros datos y análisis consideramos Angola, a pesar de su baja calificación y lo contrario ocurre con los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo.  Con ello evitamos estar desprevenidos ante el cambio hacia el populismo en Argentina antes de sus últimas elecciones y pudimos recortar posiciones en el país.   Por nuestra parte, para calificar a los países empleamos gran cantidad de datos ASG de fuentes externas e interna. Los factores ambientales incluyen calidad del aire, exposición al cambio climático, deforestación y estrés hídrico. La dimensión social incluye educación, salud, esperanza de vida e investigación científica y la gobernanza, la corrupción, proceso electoral, estabilidad del gobierno, independencia judicial y derecho a la privacidad. Juntos otros factores constituye uno de los pilares de nuestro índice de Riesgo-País.

Además, es posible influir en los responsables políticos de los países emisores de bonos soberanos para defender iniciativas sostenibles y ayudar a lograr cambios a largo plazo.  Al respecto al Banco Mundial elaboró en 2020 una guía sobre cómo los emisores soberanos pueden mejorar el compromiso ASG con los inversores.  Por ejemplo, la forma en que los gobiernos reaccionan a cuestiones como el desarrollo de su capital humano influirá en sus economías y calificaciones crediticias. Así se lo planteamos al Ministro de Finanzas del gobierno de Sudáfrica, tras conversaciones con los socios locales sobre falta de financiación en las escuelas de algunas ciudades.  Conviene invertir lo suficiente en educación , que favorece la producción nacional y equilibrar consideraciones fiscales inmediatas con la protección de las fuentes de crecimiento a largo plazo.

Mary-Therese Barton, directora de deuda de mercados emergentes de Pictet