El abuso continuo en la firma de contratos temporales —en principio reservada a situaciones excepcionales— puede tener los días contados. El Gobierno, empujado por su pacto de coalición, pero también por el ímpetu de Bruselas —que le exige hondas transformaciones a cambio de los fondos Covid— retomará la próxima semana las reuniones con los agentes sociales a fin de cambiar de onda el sistema de relaciones laborales.

Se pretende, por un lado, meter mano a la contratación. Pero también a otros asuntos como la subcontratación, o el tablero de juego de los convenios colectivos. Una honda transformación que deberá abordarse mientras en el país se abre paso una nueva inestabilidad política, que desteje gobiernos regionales.

Los cambios anunciados por la ministra forman parte de la agenda de reformas comprometida con Bruselas. Y pretenden deshacer el armazón laboral levantado en 2012 por el PP, cuando el Gobierno de Rajoy urdió una salida a la anterior crisis, rebajando los costes laborales.

Una honda transformación laboral que unida a otras circunstancias de naturaleza global, no hizo sino agravar la escasez de quienes trabajan sometidos a las condiciones más precarias. Un fenómeno también global, pero que, en la actualidad precisa, según el Gobierno, de cambios quirúrgicos, y también de cirugía mayor, a fin de atajar los abusos laborales, y cortar los incentivos a que las empresas se vuelquen en negocios de poco valor añadido.

El próximo miércoles, 17 de marzo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los agentes sociales para dar continuidad a estos cambios. La cita tiene lugar una vez que ayer se rubricó el acuerdo que cierra la larga disputa en torno a los ‘riders’, o repartidores de las plataformas digitales, que, tras trabajar como falsos autónomos, ahora deberán pasar a gozar del cobijo que ofrece el contrato de trabajo.

La agenda laboral anunciada por Díaz, además de los cambios en la contratación, probablemente para reducir el número de fórmulas contractuales, pero también para atajar el abuso de temporales, que sume en la precariedad a amplias capas de la población, incluye otros asuntos, que están ya muy trabajados entre los agentes sociales, dijo la ministra.

Entre ellos destacan los cambios en la negociación de convenios colectivos, y en las cláusulas de inaplicación de estos convenios; dos asuntos que la anterior reforma laboral dio la vuelta como un calcetín. Y que ahora el Ejecutivo desea “reequilibrar”, con la previsible oposición de los empresarios de CEOE y Cepyme.

Además, otro asunto brilla en la agenda ministerial. Se trata de las subcontratas. Y de la forma en que una empresa puede recurrir a esta encomienda de una parte de sus tareas. Un problema que, si bien no inauguró la anterior reforma laboral, sí contribuyó a echar leña a un fuego. Una hoguera donde se quemaron buena parte de los derechos por ejemplo de ‘las kellys’, las limpiadoras de hoteles, que se vieron forzadas a aceptar bajos salarios de la noche a la mañana.

Un camino jalonado de retos, donde destaca especialmente el de la temporalidad. Y que se juega juega muy especialmente en las Administraciones Públicas. Un ámbito que padece una tasa de temporales incluso superior que en otros sectores, por ejemplo en la sanidad. Y que el nuevo ministro de la Función Pública, Miquel Iceta, se comprometió ayer a embridar con cambios en el Estatuto del empleado público.

Por último, la situación se complica por un lado con la endiablada descomposición del sistema de partidos surgido en la última década. Con elecciones anticipadas anunciadas en Madrid. Y un tira y afloja por los restos de Ciudadanos. Y por otro con la protesta sindical, que CCOO y UGT anunciaron ayer que institucionalizarán cada día 11 del mes, a fin de recordar al Gobierno sus promesas, no solo de encarrilar el inasumible déficit de las pensiones, sino de subir el salario mínimo interprofesional.