El impacto de la crisis COVID-19 ha impulsado la visibilidad de los criterios sociales en la Inversión Sostenible y Responsable (ISR), como ha quedado patente en el Encuentro ISR ‘La dimensión social de la inversión sostenible’, organizado por Spainsif. Durante la jornada, se ha presentado el estudio monográfico ‘La dimensión social de la inversión sostenible’, elaborado por Spainsif con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Joaquín Garralda, presidente de Spainsif, explica que “a pesar de su dificultad, cuando hablamos de inversión sostenible parece que es más fácil establecer estándares medioambientales – como el recién aprobado Reglamento de divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) , pero cuando nos referimos a la dimensión social es más compleja la decisión de los estándares, aunque no por ello debemos de retrasar la inclusión de su impacto en el análisis de la doble materialidad de las compañías”.

También resalta la mejora de la comunicación y el reporte del impacto social de las organizaciones a través de la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus actividades.

Verónica Sanz, responsable de Análisis y Estudios de Spainsif, pone el foco en las demandas de información de los inversores, la emisión de bonos sociales y la próxima elaboración de una taxonomía social por parte de la UE que atienda a objetivos como los derechos humanos, el acceso a atención sanitaria, el empleo decente, la igualdad o la no discriminación. También insiste en la relevancia de cuestiones sociales en las temáticas más frecuentes de exclusión en la inversión sostenible, como el uso de armamento, el alcohol y el tabaco, o la violación de los derechos laborales en las empresas.

Pablo Esteban, Investigador vinculado al Grupo de Investigación FINRES de la UNED, cree que “es necesario consensuar unas métricas alineadas con los ODS y equilibrar la materialidad financiera de esas métricas con la materialidad social”.

Alfonso Noriega, director de Relaciones Institucionales y Comunicación del ICO, ha comentado que la sostenibilidad es uno de los ejes transversales prioritarios de actuación de esta entidad, “como vector de la recuperación y la transformación del modelo de crecimiento de la economía española”. Noriega ha destacado el papel del ICO como emisor de referencia europeo de bonos sostenibles.

Para Juan Salazar, director de Inversiones Responsables de BMO Asset Management, “la pandemia ha puesto el foco en los temas sociales, que tienen cada vez más relevancia y se equiparan a los temas medioambientales y de gobernanza en la decisión de inversión con criterios sostenibles”.

“Se hace necesaria una distribución más acorde a los esfuerzos concentrados en la lucha contra los efectos de cambio climático hacia la atenuación de los riesgos sociales que conlleva el avance de la digitalización en el empleo, fortaleciendo las bases de para una transición justa y superando las garantías mínimas sociales consideradas en la Taxonomía”, indica Andrés Herrero, de previsión social de UGT.

Gloria González, coordinadora del área de RSC e Inversiones Éticas de Economistas sin Fronteras, subraya que “hablar de inversión sostenible debería ir de la mano de inversión social”. Para Javier Villegas, director general para Iberia de Franklin Templeton Investment, es necesario buscar un camino que permita alcanzar el objetivo de bienestar a base de la inclusión social: “Apostamos por las inversiones en infraestructuras sociales que buscan mejorar el bienestar de la comunidad y que fomenten el desarrollo social que incluya la sostenibilidad en el largo plazo”.

Rafael Cuenca, director general de ST Consultores, cree que la sostenibilidad en el sector inmobiliario es “una cuestión, en general, pendiente”, y pide que “el sector promotor y rehabilitador se cuestionen si su modelo de negocios es sostenible, pero sobre todo si dispone de un plan de actuación para conseguir en el medio plazo objetivos tangibles”.

Para Carla Bonino, responsable de la Unidad de RSC y Sostenibilidad de Fundación ONCE, la dimensión social de la sostenibilidad supone la inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal: “Hace falta que el crecimiento de la vertiente social en la inversión sostenible preste atención a los grupos más vulnerables, en línea con la Agenda 2030 y los ODS, lo que también repercute en las personas con discapacidad. Existe un enorme potencial y cada vez más instrumentos para impulsar una inversión socialmente sostenible que no deje a nadie atrás.”