El ataque informático al Servicio Público de Empleo (SEPE), que ha desarbolado durante una semana la operativa del intermediario laboral, marca la agenda del Gobierno, que ha citado en la tarde de hoy miércoles a los agentes sociales, a fin de encarar una honda transformación de las normas laborales del país.

En la hoja de ruta de la nueva mesa de diálogo social, sobresale el papel del SEPE en la atención a los desempleados. Pero también otros asuntos, como la retirada de la reforma laboral del PP, el peso de los empresarios a la hora de modificar las condiciones de trabajo, y los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para los tiempos posteriores a la pandemia.

Bajo la batuta del Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y los empresarios de CEOE y Cepyme inician esta nueva ronda de contactos, que emerge hasta el momento como el mayor reto para su promotora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, tras lograr más de media docena de acuerdos con los agentes sociales, y alzarse como figura ascendente en Unidas Podemos y el Gobierno, tras la marcha de Pablo Iglesias, se juega ahora su prestigio en esta nueva negociación.

Esta vez la labor se antoja muy complicada. Y más en el momento actual, marcado por la crisis desatada por el coronavirus. Y bajo la atenta mirada de Bruselas; el Ejecutivo comunitario acreedor de las ayudas para la recuperación, que exige a cambio de ese dinero la realización de estas reformas largamente reclamadas.

De hecho el Ejecutivo fija para la nueva mesa la hoja de ruta proclamada en enero en las dos fichas enviadas a la Comisión sobre las reformas en el mercado de trabajo y el sistema de pensiones. Algunos de estos asuntos, como la ‘ley rider’, se han ventilado ya. Pero falta un extenso catálogo de políticas que levantan ampollas entre los sindicatos y los empresarios, con los que el Gobierno desea pactar las nuevas reformas.

Las fichas enviadas a Bruselas adoptaron un tono deliberadamente ambiguo a fin de poder negociar con los agentes sociales y las fuerzas políticas. Pero la dirección de esos cambios solo puede tomar un rumbo. Y ese es el del pacto que llevó a Moncloa a Pedro Sánchez hace poco más de un año. Y que se firmó con sus ahora socios de Gobierno de Unidas Podemos.

Reforma del SEPE y las políticas activas

El primer asunto que destaca en esa agenda comprometida con Bruselas es la reforma de las políticas activas. Una apuesta por la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, que llega en plena debacle del SEPE, a consecuencia de una intrusión en su sitio web, que ha dejado KO al intermediario laboral.

En este asunto se pretende lograr que los servicios ofrezcan atención personalizada a los desempleados, con itinerarios que faciliten su vuelta al mercado laboral, y una revisión a fondo de los incentivos al empleo, a fin de orientar las rebajas de cotizaciones a determinados colectivos, y retirarlas de los contratos temporales, para dedicarlas solo a los indefinidos.

El problema de la temporalidad es uno de los que sobresalen en esta agenda de cambios que el Gobierno comienza a tratar hoy con los agentes sociales. En la actualidad un 25% de la población asalariada trabaja con un contrato temporal. Se pretende reducir ese porcentaje y moderar así los efectos perniciosos que tiene el abuso de la temporalidad, tanto sobre las empresas, como sobre los trabajadores.

Para ello los negociadores estudiarán la manera de adaptar los ERTE, tras su éxito durante la pandemia, a los ‘tiempos de paz’, propiciando que las empresas utilicen esta vía, y no el despido, como forma de ahorrar en costes laborales cuando en la economía vienen curvas, aunque, para ello, se ha propuesto la dotación de un fondo tripartito, que abone los salarios y cotizaciones de los trabajadores en ERTE, cuya financiación se antoja difícil de acordar, especialmente en el actual tiempo de crisis.

Otro asunto que destaca en la agenda de cambios propuestos por el Gobierno tiene que ver con la formación. El dinero europeo servirá sin duda para engrasar el acuerdo en esta materia, que se adapta plenamente a los objetivos que pretende lograr Europa a fin de avanzar en la economía digital y la transición verde.

En ese sentido los ERTE, si logra pactarse su adaptación para los tiempos pospandemia, podrían llevar aparejada la obligación por parte del trabajador de aprovechar el tiempo de suspensión para ampliar su formación en esta materia, que se considera capital para el futuro y el presente de la economía.

Desmontaje de la reforma de 2012

Además, otros asuntos, también plagados de espinas, tienen que ver con las reglas que rigen las relaciones entre los empresarios y los sindicatos cuando se negocia un convenio colectivo, y con las condiciones de llevar a cabo una subcontratación.

Sobre la negociación colectiva, el Gobierno tratará de aprovechar la estela que la extensa discusión anterior sobre asuntos como la jerarquía de los convenios colectivos, o su prórroga automática o ultraactividad, ha dejado en las anteriores mesas del diálogo social.

También se quiere hablar sobre el modo en que el empresario puede modificar las condiciones de trabajo cuando vienen mal dadas; un tema también transformado por la reforma laboral del PP de 2012, y muy discutido también en este ámbito.

Y sobre las reglas de la subcontratación, que los sindicatos quieren replantear con la férrea oposición de los empresarios, temerosos de poner en riesgo el rico ecosistema de la subcontratación de servicios entre empresas.

Vetos a la contratación temporal

En el documento remitido a Bruselas, el Gobierno se compromete a generalizar el contrato indefinido, devolver la causalidad a los contratos temporales, y simplificar la contratación, reduciendo las fórmulas contractuales.

También pretende introducir elementos de flexibilidad interna en las empresas alternativos a la excesiva temporalidad. Al tiempo que penalizar la excesiva rotación que se genera mediante la firma de un alud de contratos laborales de muy corta duración.