El Reino Unido de la Gran Bretaña no es un país fiable, en manos de Boris Johnson. Miren que he defendido aquí a ese país, incluso cuando decidió dejar la Unión Europea. Francamente no esperaba nada parecido a las maniobras persistentes del premier británico, primero ante la firma del Brexit y luego durante su puesta en práctica. Las susceptibilidades que despertó el acuerdo firmado in extremis, estaban, por lo que vemos, plenamente justificadas.

Las decisiones unilaterales sobre el cumplimiento de lo acordado se suceden. Primero fue la Ley de Comercio Interior, que alteraba visiblemente los compromisos contraídos. Era tan evidente que el propio primer ministro retiró luego los artículos que infringían en tratado del Brexit. Ahora, ha decidido por su cuenta y riesgo, prorrogar el periodo de gracia para poner en marcha el control de mercancías entre el resto del Reino Unido con Irlanda del Norte, cuestión nuclear del Tratado y que Boris Johnson, sacando pecho, alardeó de que estaría hecho en tres meses. Evidentemente no lo ha cumplido.

Es muy destacable la capacidad que tiene el Reino Unido para convertir sus propios problemas en zozobra ajena. Las dos infracciones flagrantes del Tratado llevan al mismo lugar, Irlanda del Norte, un avispero, antes y después del Brexit, porque la solución que se llevó al acuerdo final no resuelve la complejidad del contencioso irlandés y pone en serio aprieto al Gobierno británico, que tanto empeño puso en que quedara plasmado como está. Ahora se da cuenta de su error y trata de comprometer en la solución a Bruselas. Siempre es bueno que alguien de fuera sea el culpable.

Afortunadamente, hoy las Instituciones europeas ya no son tan blandas como en otros tiempos y han decidido acudir al Tribunal Europeo de Justicia para ir ganando tiempo, por si no fuera posible reconducir las decisiones de Johnson por vía negociada.

Los mismos meandros procedimentales nos acechan a los españoles a través del acuerdo sobre Gibraltar y también en el protocolo fiscal que acaba de entrar en vigor después de dos años de ser firmado, que ya es tomarse las cosas con calma. El citado protocolo es bastante poco, ciertamente. Una parte de él se ciñe a lo que la ley fiscal española ya tiene previsto y se limita a copiar nuestro texto legal y la otra parte, la declaración de intenciones, como el alineamiento de diversas figuras impositivas, como el IVA, los impuestos especiales  sobre el alcohol, el tabaco y los combustibles, son puro humo y un portillo para futuros conflictos, en caso de que Gibraltar remolonee, como está habituado a hacer. Mientras eso sucede, el contrabando campa por sus respetos.

Para abundar en la confusión y el río revuelto, el Tratado de fronteras, por el que se aplicaría el Tratado de Schengen al Peñón, contraído por el Gobierno español y el del Reino Unido, tiene que ser validado por Bruselas que, no hay que ser muy perspicaces, lo utilizará como argumento de peso en el contencioso de la Unión Europea con Gran Bretaña por Irlanda del Norte, a poco listos que estén Úrsula von der Leyen y los suyos.

Johnson no es fiable, pero es listo y ha creado un triángulo Londres- Bruselas- Madrid para echar balones fuera que le viene de perillas. Y nosotros, así. Pregonando nuestras insuficiencias negociadoras.