Los primeros compases de la nueva mesa de negociación sonaron desafinados. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, alertó hoy contra la agenda de asuntos propuesta ayer por el ministerio de Trabajo, que incluye el desmontaje de la reforma laboral de 2012. Un “menú” indigesto para los empresarios, que preferirían hablar primero de otros asuntos, como la formación y la reforma del SEPE, en la idea de que aquellos privilegios ganados en 2012 fortalecen el empleo, al permitir a las empresas a adaptarse a las turbulencias de la economía.

Garamendi dejó claro su disgusto este martes, apenas doce horas después de la reunión de cuatro horas mantenida ayer por los sindicatos CCOO y UGT y las patronales con el Gobierno. En esa reunión, que se repetirá el próximo martes 30 de marzo, el Ejecutivo presentó a la mesa su calendario de la negociación, que pretende limitar al plazo de tres meses. Y que debería centrarse en los aspectos con mayor influencia sobre la negociación de convenios colectivos.

Estos son los que dictan qué convenio se aplica con prioridad cuando concurren convenios de empresa y de sector. Hasta cuando extienden sus efectos. Y qué derechos tiene el personal que trabaja en las cadenas de subcontratación.

Una agenda que horroriza a los empresarios, según se encargó de señalar esta mañana Garamendi, entrevistado en Telecinco, quien advirtió que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se “equivoca” por enfilar la negociación hacia el desguace de la reforma Báñez, en lugar de hacia otros asuntos, como el trío de ases señalado esta mañana por Nadia Calviño, la ortodoxa ministra de Economía, que pronto ascenderá un peldaño en el escalafón del Ejecutivo, precisamente para evitar un excesivo peso de Díaz, tras la marcha de Iglesias, al actual vicepresidente segundo, empeñado en apagar el fuego de las elecciones anticipadas en Madrid.

Garamendi llegó a tildar de “contrarreforma” la pretensión de Díaz. Y recalcó ese listado de temas preferido por Calviño, como son el paro juvenil, el desorden de la contratación, la excesiva brecha entre trabajadores fijos y temporales, y la política de incentivos al empleo, costosa aunque carente de utilidad.

Los empresarios prefieren negociar esos temas y la reforma de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) —una pieza en el complicado entramado de competencias que gestiona en España la atención a los parados—, en lugar de reordenar las prioridades de la negociación colectiva, como prefieren los sindicatos.

Y no es de extrañar. Porque la reforma de Báñez dio la vuelta a esta materia con numerosos cambios que acrecentaron el poder de los empresarios. Y que ahora los sindicatos se empeñan en reorientar.

Así los sindicatos recelan que los empresarios desean en realidad demorar ese “reequilibrio”. Y piden al Gobierno que devuelva sin tardanza su antigua prioridad al convenio de sector sobre el de empresa, y la prórroga indefinida a los convenios vencidos.

Además, piden también las centrales no olvidar a los trabajadores de las subcontratas, que trabajan en la actualidad a veces sometidos a peores condiciones que otros trabajadores, o bien del sector, o bien de la empresa que subcontrata. Una situación que los sindicatos quieren atajar ya.

La autoridad de Calviño

Garamendi, el presidente de CEOE, ha apelado en su repulsa a los planes de Díaz a la autoridad de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha fijado esta mañana las prioridades que la nueva mesa del diálogo social, interrumpida hace un año, debiera tener. Un listado al que se aferrado el líder de los patronos al abogar por, en lugar de retirar la reforma Báñez, abordar asuntos como el paro juvenil, la difícil inserción laboral a partir de los 50 años, y qué hacer con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) cuando finalice la pandemia o la prórroga actual, que se acaba “dentro de muy poquito”, ha enfatizado el líder empresarial.

“Con la que esta cayendo”, no toca hacer una contrarreforma, sentenció, no sin mostrar su su sorpresa por los últimos movimientos políticos en el Gobierno tras la anunciada salida del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, para presentarse a las elecciones en la comunidad autónoma de Madrid.