El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de marzo publica la Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Esta norma parte de la evidencia de que las medidas de confinamiento y de restricciones a la movilidad y a la actividad para combatir la pandemia  han provocado un importante efecto sobre la demanda eléctrica, que se tradujo en la consiguiente caída del precio del mercado eléctrico.

«Este efecto es particularmente dañino para aquellas instalaciones cuyos costes de
explotación dependen esencialmente del precio del combustible, ya que por un lado
tienen costes de explotación elevados y por otro, una elevada exposición al precio del
mercado eléctrico. Todo ello provoca que este tipo de instalaciones generen flujos de
caja negativos y sufran fuertes tensiones en su liquidez, poniendo en riesgo su viabilidad económica», argumenta el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

«La combinación de estos tres efectos, la caída del precio de mercado, la alta
exposición al mismo y los altos costes de explotación asociados a la utilización de
combustible, provoca que las instalaciones cuyos costes de explotación dependen
esencialmente del precio del combustible sean las más afectadas en el escenario
generado por el COVID-19», añade.

«Esta situación de bajos precios del mercado, sumada el cierre obligatorio de las
actividades no esenciales durante una parte del estado de alarma, así como al cierre
asociado a la debida cautela y control de la expansión del virus, se traduce en una
reducción de las horas de funcionamiento de muchas instalaciones de producción», insiste la argumentación de la norma.

Por tanto, la norma, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el 23 de marzo, aprueba medidas de acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible y que se han visto muy perjudicadas por el estado de alarma, los confinamientos y las restricciones a la movilidad y a la actividad.