El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) celebró  la jornada “Planes de Acción Climática para Empresas Españolas: Mejores Prácticas Corporativas y Financieras”, organizada por Climate Strategy & Partners y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) en colaboración con el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) y Vivid Economics. El propósito de esta jornada fue trasladar a los miembros del Senado de España la necesidad de adoptar planes de acción climática por parte de las empresas españolas para impulsar la descarbonización de la economía conforme con las metas del país.

Esta jornada se celebró en el contexto del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que se encuentra en tramitación parlamentaria y se prevé que llegue al Senado en abril. Los ponentes resaltan la importancia de requerir mediante la LCCTE planes de acción climática para todas las empresas españolas.

La directora del CEPC, Yolanda Gómez Sánchez, inauguró la jornada haciendo hincapié en la actual relevancia que tienen los asuntos de sostenibilidad “por razones jurídicas, políticas y sociales”. Posteriormente, Miriam Zaítegui, directora del Programa de España de la European Climate Foundation, hizo una referencia directa a la oportunidad que la LCCTE da a España para guiar a las empresas en “la adopción de planes de acción climática” y así “alinear los intereses públicos y privados”. Carlos Bravo, fundador de Salvia, Energía, Derecho y Medio Ambiente, recalca el rol del Senado en “incluir en la LCCTE la necesidad de que las empresas públicas y privadas realicen planes de acción climática”.

Peter Sweatman, director general de Climate Strategy & Partners, indica que “ya hay muchas empresas españolas que se encuentran entre los líderes mundiales de buenas prácticas en sostenibilidad”. España es uno de los países con una significativa proporción de empresas de alto impacto que tienen compromisos de cero emisiones netas basados en la ciencia. Sweatman insiste en que todas las empresas españolas y sus clientes se beneficiarán de una mayor competitividad en la transición energética y ecológica gracias a la integración de planes de acción climática, siendo la LCCTE la oportunidad perfecta para apoyar dicha integración.

Gonzalo Sáenz de Miera, Vicepresidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV),  compuesto por más de cincuenta empresas que abarcan gran parte del IBEX 35 así como pymes innovadoras, subraya que “la descarbonización de la economía es una fuente de oportunidades para modernizar la industria y generar empleo”, y para elevar la competitividad de España en el ámbito internacional: “ya no hay que sacrificar competitividad por lo verde: si España no aprovecha esta oportunidad lo van a aprovechar otros países”. “Las empresas estamos dispuestas a invertir y disponemos de la tecnología necesaria, pero necesitamos políticas y alianzas que nos permitan avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible”, concluye.

La directora del IIDMA, Ana Barreira, destaca el “rol fundamental que tiene la banca para el desarrollo de actividades empresariales sostenibles”, y recomienda a los bancos adoptar políticas más restrictivas a la financiación de combustibles fósiles acordes con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 y elaboren sus Estados de Información No Financiera siguiendo las buenas prácticas en divulgación establecidas por iniciativas globales. Barreira resalta la importancia de los planes de acción climática para ayudar a los bancos “a avanzar en la senda ya iniciada”.

Christopher Hohn, fundador del TCI Fund Management y promotor del desarrollo e implementación de planes de acción climática en las empresas, pone en valor la iniciativa Say on Climate, que promueve que estos planes estén sometidos a la votación de los accionistas para asegurar su activa participación en las políticas de sostenibilidad de las empresas.

Hohn fue el inversor que impulsó a AENA a someter su plan de acción climática a votación en las juntas, convirtiéndose así en la primera empresa en el mundo en tomar esa decisión. Insiste en que requerir planes de acción climática es un “gran beneficio para todos” y de “interés propio para los inversores y para España”, ya que “si las empresas españolas se quedan atrás en este espacio, serán superadas por otras empresas extranjeras”. De igual forma, el desarrollo de estos planes es beneficioso para la banca, ya que la falta de información en el ámbito de acción climática acarrea un riesgo financiero sistémico.

Juan Carlos Arredondo, Engagement Manager de la consultora Vivid Economics, añade que “las empresas públicas comparten responsabilidad en el combate del cambio climático, son parte del problema pero también de la solución”. A pesar de la presencia gubernamental en sus Consejos de Administración, y a pesar de tener un peso relevante en las emisiones de España, solamente 7 de 25 de estas empresas tienen planes de acción climática.

Miriam Zaítegui resume el mensaje principal del encuentro: “las empresas tienen que respaldar el Acuerdo de París, pero para ello tienen que ser apoyadas por el régimen legislativo y, en especial, la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética”.