Las cifras conocidas esta semana sobre las cuentas públicas al final del aciago 2020, producen escalofríos. Los lectores de este diario saben  que la deuda alcanzó el 120 por cien del PIB, lo que dicho en román paladino es 1,35 billones de euros. El entusiasmo que han puesto la gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde en persuadir a los gobiernos de que gasten todo lo que sea necesario para evitar la recesión no ha servido de mucho, porque la economía mundial está en recesión. Ahora se cambia el argumento y se dice paliar los efectos de la recesión. Veremos cómo y en qué países, la consigna se cumple.

Aquí, entusiasmo por el gasto no hay que recomendarlo porque los políticos apenas tienen otro programa que gastar y gastar y volver a gastar, que se parece al grito de guerra de aquel seleccionador de fútbol (Ganar, ganar y volver a ganar). Ahora con la patente de corso de las dos mujeres más poderosas del planeta, el Gobierno está en ello con frenesí. Quizás por ello, cuando se anunció que el déficit de las Administraciones Públicas en 2020 se situó en el 10,9 por ciento del PIB, se produjo en un ambiente de euforia, porque no se había alcanzado la previsión del 11,3 por ciento.

Quien no se consuela es porque no quiere.

Para este año, la previsión, rotundamente optimista, es de un déficit del 7,7 por ciento del PIB, aunque en abril, se realizará una previsión, no sabemos si al alza o a la baja. Y lo califico de optimista no por otra razón que la ejecución, que a febrero alcanzaba ya el 1,31 por ciento. Mucho se fía a una recuperación vigorosa de los ingresos por la mejora de la actividad económica, pero hay varios factores que conviene no olvidar. El primero, el dato objetivo del retraso del proceso de vacunación.

No menos importancia tiene la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de reclamar para sí la última palabra en la ratificación alemana de los acuerdos de la Unión para instrumentar los fondos New Generation EU, aprobados por la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos a lo largo del año pasado y ratificado hace unas semanas por el Bundestag con el 75 por ciento de los votos favorables. Un revés importante, aunque solo fuera procedimental, porque impediría la firma del presidente alemán hasta que no haya conformidad del tribunal de Karlsruhe. El precedente que abona el pesimismo es que en 2020, el mismo Tribunal se negó a acatar una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre compras de deuda por parte del Banco Central Europeo. La casi mutualización de deuda europea es, conceptualmente, mucho más grave para ellos.

Por todo lo anterior, creo que el Gobierno no debe posponer el inicio del reequilibrio de las cuentas a 2022 ó 2023, como afirma, sino que debe tomar decisiones este mismo año, porque cuando el BCE normalice la política monetaria nos va a pillar, de nuevo, con el paso cambiado. Y de ahí, a la intervención no hay ni un paso.