El Gobierno ha optado por la vía más fácil para resolver un problema cercano de déficit público y por dar un cierto giro electoralista a la lucha contra la crisis financiera. Al hacer que las pérdidas futuras recaigan sobre el conjunto del sistema a través del Fondo de Garantía, al que solo contribuyen ahora las entidades, consigue que dichas pérdidas no vayan al déficit público y que se pueda decir que el coste de la crisis va a soportarlo solamente el sistema financiero y que los contribuyentes no tendrán que hacer frente a nada.

El mecanismo ideado es simple. Los tres fondos de garantía ahora existentes (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) se fusionan un uno solo al que se aportan los recursos almacenados en cada uno de ellos. La unificación tiene sentido en la medida en que en la práctica ya no hay entidades jurídicamente diferenciadas que actúen en el mercado. Las cajas han traspasado su negocio financiero a unos bancos que son los que operan. Las cooperativas son una parte muy pequeña del sistema financiero y las presiones para que sigan los pasos de las cajas no hacen sino crecer.

Si hasta aquí a nadie la parece extraño que se unan, las discrepancias surgen cuando a ello se añade que será el nuevo fondo el que soporte, anualmente, las pérdidas que el saneamiento de las cajas de ahorros genere en el futuro. Y como al fondo solo contribuyen las entidades serán éstas en definitiva quienes saneen al sector.

Hasta ahora parecía que iba a ser el FROB el que asumiera las pérdidas porque era él quien capitalizaba a las entidades en dificultades y quien las vendería posteriormente una vez saneadas. La diferencia entre lo invertido y el precio de venta serían las pérdidas a cargar en el FROB. Es lo que ha cambiado ahora porque esta parte se le adjudica totalmente al fondo de garantía.

En la crisis bancaria anterior fueron los fondos de garantía sectoriales quienes corrían con las pérdidas, pero sus recursos eran aportados a partes iguales por el sector y por el Banco de España. Algo que Bruselas prohibió al entender que podían considerarse ayudas públicas  y por lo tanto que dañaban la competencia en el mercado único.

Precisamente porque el Banco de España ponía tantos recursos como el resto de entidades tenía mayoría en el consejo de cada fondo y designaba a los gestores de los mismos y de los bancos que intervenía.  En la actualidad la cuota al fondo de garantía es del uno por mil de los depósitos de clientes, aunque en la anterior crisis se elevó hasta el 2,5 por mil porque el volumen de pérdidas que hubo que asumir era muy elevado.  El fondo bancario tardó 12 años en devolver las ayudas recibidas como adelantos.

Ahora la administración no va a contribuir al saneamiento y sin embargo va a seguir teniendo el poder de decidir sobre el futuro de las entidades en dificultades y ayudadas por el conjunto del sector. Podría haber quien reivindicara para los bancos el derecho a administrar y tutelar a las entidades en dificultades ya que en definitiva serán ellos quienes paguen los platos rotos de la crisis.