Los autónomos han exigido hoy al Gobierno que incluya a otros colectivos y empresas entre los beneficiarios de las ayudas directas por valor de 11.000 millones en tramitación en el Congreso. Los grupos políticos pueden introducir enmiendas en esta tramitación. Y la agrupación UPTA alerta de que, en caso de no hacerlo, más de 100.000 familias se hallan en riesgo, muchas de ellas en los pueblos, afectadas por la falta de ingresos derivada de la crisis, y obligadas quizás incluso a cerrar sus negocios.

La asociación de autónomos detalla que muchas pequeñas empresas y autónomos — de las que dependen estas 100.000 familias — han quedado excluidas del paquete de 8.000 millones de euros, que, dentro de los 11.000 millones en ayudas directas convalidadas por el Congreso, ofrecen a las empresas y autónomos ayudas de entre 4.000 y 200.000 euros destinadas al pago de deudas y gastos fijos para los negocios cuya facturación haya caído un 30% por culpta de la emergencia sanitaria.

UPTA ha reclamado hoy al Gobierno que se abra a que actividades ahora excluidas puedan optar al paquete de ayudas de 11.000 millones de euros, convalidado hace unos días por el Congreso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, mostró su disposición el día de la convalidación el pasado 25 de marzo en el Congreso a incorporar nuevas actividades durante su tramitación como proyecto de ley.

El paquete de 11.000 millones prevé 8.000 millones en ayudas directas a autónomos y pymes, que serán gestionados por las regiones, pero deja fuera de las ayudas a toda actividad que no esté incluida en una de las 95 ramas previstas como receptoras de las ayudas directas, según la clasificación CNAE.

El listado actual deja fuera a actividades como peluquerías, tiendas de souvenirs o autoescuelas. Pero también, según detalló hoy UPTA, otras actividades, como agentes comerciales, academias, artesanos y granjas escuelas; estas dos últimas actividades de gran importancia en el conjunto de la economía rural, señalan.

La asociación se muestra contraria al criterio defendido por el Gobierno, en función de la actividad. Y pide en lugar que opten a las ayudas todos aquellos negocios que hayan sufrido una pérdida del 30% de sus ingresos respecto a 2019 sin importar su encuadramiento sectorial.

“Es una auténtica irresponsabilidad dejar al margen de las ayudas a cientos de actividades”, clamaron, tras mencionar especialmente los negocios excluidos con mayor peso en la economía de los pueblos.

Además, la entidad amenazó con recurrir incluso a “armas legales” para que se incluya a otros negocios, además los fijados en las 95 actividades seleccionadas por el Ejecutivo.

Las críticas de UPTA se suman así a los reproches que vertió Cepyme, la patronal de pequeñas y medianas emprsas, el día de la convalidación del real decreto ley, el pasado 25 de marzo.

Cepyme considera que el criterio de elección de actividad CNAE “no obedece a ningún patrón”. Y alertan además del riesgo de que otro requisito, como el umbral mínimo de pérdidas del 30%, deje fuera a muchas empresas en apuros.

Los empresarios recuerdan que un tercio de empresas declaró pérdidas en 2019. Y destacan que, en los procesos de expansión empresarial, muchas compañías suelen declarar pérdidas. Una situación que dejará al margen de las ayudas directas frente al coronavirus y gran cantidad de empresas, subrayan.