Los ministros de Finanzas y banqueros centrales de los países del G20, reunidos este miércoles en una cumbre virtual, han respaldado la propuesta preliminar el Fondo Monetario Internacional (FMI) de expandir sus recursos mediante la asignación de 650.000 millones$ (546.000 millones€) en derechos especiales de giro (DEG), el activo de reserva de la institución.

Esta nueva asignación serviría para «mejorar» la liquidez global y ayudaría con la recuperación económica a nivel mundial. Además, el G20 ha pedido al FMI que esa asignación de recursos adicional se destine a los países más vulnerables de la pandemia.

La ampliación de derechos especiales de giro fue planteada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en marzo, aunque no será hasta junio cuando el Fondo presente formalmente la propuesta a sus miembros. No obstante, en las últimas semanas, ya ha recibido el visto bueno de ministros y presidentes de varios países, incluyendo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

La cumbre de ministros de Economía y banqueros centrales también ha acordado una segunda y última extensión durante otros seis meses de la suspensión temporal de los pagos del servicio de deuda de aquellos países pobres que lo soliciten, en línea con los términos también acordados por el Club de París.

En abril, el Grupo de los Veinte acordó suspender los pagos de deuda bilateral hasta finales de 2020, mientras que en octubre se decidió extender la suspensión hasta mediados de 2021. Este nuevo aplazamiento supone que la suspensión finalizará en diciembre de 2021.

El club de países ha acordado esta nueva ampliación de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) «a la luz de la persistencia de necesidades de liquidez significativas relacionadas con el Covid-19». Como en otras ocasiones, el G20 ha instado a los acreedores privados a sumarse también a esta iniciativa y a suspender los pagos de deuda.

El Grupo ha explicado que los países pobres necesitarán 200.000 millones de dólares (167.956 millones de euros) hasta 2025 en su respuesta contra la pandemia, así como otros 250.000 millones (209.945 millones de euros) para acelerar su convergencia hacia las economías avanzadas. Así, el G20 se ha comprometido a «desplegar todas las herramientas» para ayudar a dichos países a cerrar esa brecha de financiación.

El G-20 considera que las perspectivas globales han mejorado en los últimos meses debido al despliegue de las campañas de vacunación y al continuo apoyo de los poderes públicos. Sin embargo, la recuperación «parece desigual entre y dentro de los países, frágil y sujeta a elevados riesgos a la baja».

Ante este panorama, los países se han comprometido a permanecer «vigilantes» y a evitar cualquier retirada prematura de las medidas de apoyo. Además, han reafirmado su intención de usar «todas las herramientas políticas» a su disposición para proteger las vidas, los trabajos y los ingresos de los ciudadanos.

El G-20 mantiene el compromiso de alcanzar una solución global y de consenso sobre fiscalidad mínima de empresas y de gigantes digitales en el marco de las conversaciones organizadas por la OCDE. El objetivo es alcanzar un acuerdo para mediados de 2021.