Es público y notorio que ser diputado por los partidos nacionalistas catalanes es ser carne de inhabilitación, así como aprobar leyes en el Parlament catalán tienen todos los números de ser recurridas y congeladas en el Tribunal Constitucional.

Ahora esta escalada de judicialización de la vida política ha dado un paso más y el objeto de la represión ha llegado a la Universidad. Aunque la noticia haya pasado muy desapercibida en los grandes medios, el Tribunal Supremo ha confirmado el acuerdo de la Junta Electoral que dictaminaba que el manifiesto del claustro del citado centro del 20 de noviembre de 2019, durante un periodo electoral, rechazando la condena de los líderes del procés vulneraba el principio de neutralidad política de un centro público.

En los razonamientos del Supremo rechaza los argumentos del recurso alegando que este manifiesto se pueda encuadrar en la autonomía universitaria, la libertad ideológica y la de expresión” y además razona que algunas de las afirmaciones del manifiesto coinciden con las expresiones de algunos de los partidos que concurrían en las elecciones. También cita la doctrina del Constitucional para recordar que “una institución pública como la Universidad Pompeu Fabra no tiene libertad ideológica porque ha de servir a los intereses generarles sin entrar en el juego partidista”. Cabe preguntarse qué papel considera el alto tribunal que ha de desempeñar la universidad pública española.

Con esta filosofía de las altas instituciones de la justicia española, por extensión, muchos catedráticos o profesores que imparten enseñanza sobre historia, filosofía, derecho, política… se pueden echar a temblar por que cualquier cosa que enseñen durante un periodo electoral (o sea casi siempre) puede ser no sólo objeto de denuncia si no que los tribunales den la razón al denunciante. Podría pasar como un prudente catedrático que impartía un curso de historia general durante el franquismo sus clases nunca pasaban del alto Egipto y razonaba “que si ampliara las lecciones a cualquier época posterior se podrían hacer paralelismos y llegar a conclusiones no convenientes de la situación actual”.

En beneficio de la resolución del Tribunal Supremo cabe decir que la sentencia sólo afecta a las universidades públicas, lo que no deja de ser una manera indirecta de potenciar a los centros privados.

Ante estas situaciones no es de extrañar que muchos catalanes, y es de esperar que no sólo catalanes, hayan dejado de creer en la justicia española, o mejor dicho, de la interpretación que de ella hacen los altos tribunales de las leyes. Pero ello parece inquietar poco a los responsables de los principales partidos del país mientras sólo afecte a catalanes, vascos o a los ciudadanos de Vallecas.