Después de más de siete de meses de confrontaciones que se iniciaron cuando Veolia lazó una opa a Suez, que esta empresa consideró hostil, ambas compañías han firmado la paz. Los consejos de administración de Veolia y Suez acordaron este domingo las principales condiciones para la fusión de los dos grupos, aunque la operación es la adquisición de Suez por Veolia. El acuerdo supone la creación de un grupo de tratamientos de residuos y de agua. Los protagonistas señalan, como resumen y muy al estilo francés, que van a constituir el «campeón mundial de la transformación ecológica» con una facturación anual de unos 37.000 millones de euros».

Quedan atrás meses de impugnaciones, intentos de opas competidoras y de intervención del Gobierno de París. La oferta incluye un precio de 20,50 euros por acción de Suez, sustantivamente más elevada que los 18 euros ofrecidos desde el principio por Veolia.

La alianza ha necesitado de mediadores porque la oposición de Suez era muy fuerte y se basaba en argumentos muy sensibles, como el posible desmantelamiento de esta histórica empresa y la reducción de empleo. El Ejecutivo, por su parte, intentó que la operación fuese pactada y, como premisa, que un posible competidor contra Veolia no fueses un grupo extranjero.

Y el CEO de Veolia, Antoine Frérot, que ha ganado esta primera batalla, ha manifestado que el acuerdo tiene dimensiones históricas. Positivo ha parecido también a los mercados bursátiles que premian su subidas a las dos empresas.

El aumento del precio de las acciones en dos euros supone que la operación ascienda a más de 1.300 millones de euros respecto a los 24.000 millones que suponía la oferta previa. Se beneficiará de este cambio la energética Engie por su participación del 29,9% de Suez que fue adquirido en octubre de 2020 a 18 euros por acción, y así recibirá el mismo precio que el resto de accionistas.

Suez controlará activos por unos 7.000 millones de euros de volumen de negocios, y la actividad de agua y residuos sólidos en Francia, así como negocios de agua en Italia, República Checa, África, Asia, India, China y Australia, así como actividades digitales y medioambientales en el mundo. Con esta fórmula se intenta evitar problemas con las autoridades de la competencia.